sábado, 27 de octubre de 2012

EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS. VÍDEO RESUMEN DE LO VISTO HASTA AHORA.


Os dejo este vídeo resumen de lo que hemos visto hasta ahora en cuanto al concepto, características y objeto del contrato de arrendamiento de servicios. La charla explicativa es de la doctora Francisca Ramón Fernández de la Universidad Politécnica de Valencia y la verdad es que explica bastante bien y de forma esquematizada los puntos que hemos visto por ahora relativos al arrendamiento de servicios.

Francisca Ramón Fernández es titular del departamento de Derecho civil en la Universidad de Valencia y además es miembro del Grupo de Investigación en Ciencia y Tecnología Forestal (RE-FOREST) de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN), también en la Unversitat Politécnica de Valencia. También participa en varios programas de tutorización y de acción en el ámbito europeo.

Os animo a visitar su página. También tiene un blog bastante interesante.

Página en la Universidad: http://personales.upv.es/frarafer/





sábado, 20 de octubre de 2012

IV. EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS. SU OBJETO.

El objeto del contrato de arrendamiento de servicios está constituido por aquellas prestaciones a las que se comprometen tanto el arrendador de los servicios como el arrendatario. En ese sentido, las prestaciones serán, por un lado el servicio o actividad a desarrollar por el profesional liberal, y por otro el precio que el arrendador de esos servicios tendrá que pagar por ellos.

En primer lugar, como hemos dicho, y como se deriva del artículo 1544 el profesional se compromete a LLEVAR A CABO UN SERVICIO O ACTIVIDAD a favor del arrendador de esos servicios. No se tratará de la obtención de un resultado para el arrendador, lo cual constituiría un arrendamiento de obra y no de servicios, sino de llevar a cabo esa actividad (por ejemplo un tratamiento médico) con la diligencia que en cada caso y profesión sea exigible a ese profesional.

El profesional siempre deberá desarrollar su actividad conforme a las reglas propias de la profesión de que se trate, y con un amplio margen de autonomía, dentro del ámbito de su competencia profesional (es decir, de acuerdo con sus propios criterios, conocimientos y decisiones). En muchos casos, el papel de quien contrata al profesional se limita a la determinación, en términos generales, del servicio que debe ser prestado (llevanza de un pleito, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, etc.), pero las decisiones acerca de cómo debe ser prestado el servicio corresponden al profesional. 

Por lo tanto, se tratará de una obligación de hacer, cuyo contenido no es el resultado de aplicar una concreta acción del obligado a una concreta cosa (a diferencia del contrato de obra), sino una actividad general del prestador, quien la ejerce en beneficio del comitente y por en cargo de éste. Se tratará, así, de una conducta que no produce cosas corporales ni se contempla en la materialidad de sus resultados, sino en cuanto generadora de beneficios y ayudas no relacionadas con cosas concretas que definan la tarea.

En este sentido, este contrato comprende la prestación de cualquier servicio, en general, salvo aquéllos que tradicionalmente tienen una disciplina específica y una figura propia (como podría ser el contrato de agencia, en el que el profesional se compromete a llevar a cabo la promoción y la conclusión de cualquier acto de comercio por cuenta de un empresario). Ello claro está que ese servicio objeto del contrato reúna los requisitos generales del objeto de cualquier contrato, como son su licitud, su posibilidad y su determinación o determinabilidad.

En segundo lugar, el objeto del arrendamiento de servicios está constituido por el PRECIO a pagar por quien recibe esos servicios. Este precio podrá estar determinado o no por completo en el momento de celebración del contrato, puesto que podrá depender de la propia actividad a desarrollar (por ejemplo por la mayor o menor complejidad del procedimiento judicial para cuya llevanza ha sido contratado un abogado). En todo caso es importante que que la determinación final del precio no quede al simple arbitrio del prestador del servicio, aunque muchas veces le corresponda a él fijar los honorarios . Desde este punto de vista, es importante la existencia y utilización de pautas orientadoras, procedentes bien del uso o costumbre del lugar en que se prestan los servicios, bien de normas corporativas de carácter orientativo sobre honorarios (como podrían ser las procedentes del colegio de abogados). 

Del mismo modo hay que señalar que aunque la fijación de los honorarios corresponda al profesional, quien contrata con él siempre podrá impugnarlos por excesivos, a cuyos efectos esas pautas orientadoras pueden ser igualmente de utilidad (Sentencia 107/2007, de 16 de febrero de 2007 ).

Bibliografía:

- ALBALADEJO y DÍAZ-ALABART (directores), Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, Madrid, EDERSA,
diversos tomos, volúmenes y ediciones.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (coordinador), Comentarios al Código Civil, Pamplona, THOMSON/ARANZADI.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (director), Tratado de contratos, Valencia, 2009.
- CASTÁN TOBEÑAS, Derecho civil español común y foral, Madrid, diversos tomos, volúmenes y ediciones.
-DÍEZ-PICAZO, Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial I, II y IV, Cizur Menor, THOMSON/CIVITAS. 

sábado, 13 de octubre de 2012

III. LA REGULACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS.

En cuanto a su regulación, nuestro Código Civil, además de contemplar la figura del arrendamiento de servicios en el artículo 1544 junto al de obras, regula en los artículos 1583 a 1587 el servicio de criados y trabajadores asalariados (tal es la obsoleta terminología del CC). Estos artículos, a pesar de estar incluidos por el Código en la regulación del arrendamiento de servicios, no son aplicables a dicho contrato por diferenciarse actualmente, desde que surgió un Derecho y una legislación específica para la relación laboral asalariada, entre la relación laboral asalariada y la derivada de la prestación de servicios de forma autónoma. Por otra parte, en materia de trabajo asalariado estos artículos deberían considerarse tácitamente derogados por la legislación laboral   ya que el trabajo asalariado está regulado por el Estatuto de los Trabajadores y demás normativa especial laboral. 


Por lo tanto nos encontramos con unos artículos y una regulación del arrendamiento de servicios ya obsoleta que regula erróneamente las relaciones laborales asalariadas dentro del ámbito de la simple prestación de servicios por cuenta propia toda vez que ambos tipos de relaciones tienen en la actualidad unas notas y una regulación claramente diferenciadas.

Hay que decir a este respecto que el arrendamiento de servicios encuentra hoy su verdadero campo de aplicación en el ámbito de los servicios no laborales, prestados por profesionales (liberales o no), artistas, artesanos o empresas dedicadas a la prestación de determinados servicios. De entre ellos, tienen especial relevancia los servicios prestados por profesionales liberales (médicos, abogados, procuradores, economistas, intermediarios de diverso tipo, arquitectos, ingenieros,etc.). A falta de una regulación específica aplicable a estos servicios, tales contratos se rigen, además de por la voluntad de los contratantes, por los usos y costumbres, las reglas generales sobre obligaciones y contratos del Código Civil y, en su caso, por las reglas específicas de carácter profesional o corporativo (la proveniente de los Colegios Profesionales, los Estatutos profesionales, y, en su caso, los códigos deontológicos).



Bibliografía:

- ALBALADEJO y DÍAZ-ALABART (directores), Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, Madrid, EDERSA,
diversos tomos, volúmenes y ediciones.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (coordinador), Comentarios al Código Civil, Pamplona, THOMSON/ARANZADI.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (director), Tratado de contratos, Valencia, 2009.
- CASTÁN TOBEÑAS, Derecho civil español común y foral, Madrid, diversos tomos, volúmenes y ediciones.
-DÍEZ-PICAZO, Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial I, II y IV, Cizur Menor, THOMSON/CIVITAS. 

II. EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS: CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.

De acuerdo con el artículo 1544 del Código Civil, el contrato de servicios es aquel contrato en cuya virtud uno de los contratantes se obliga a prestar al otro un determinado servicio a cambio de un precio cierto.

Como características principales de este contrato podemos señalar que el contrato de arrendamiento de servicios es:

1º)  Un contrato consensual, ya que se perfecciona y es plenamente eficaz por el mero consentimiento de las partes. No se pierde esta característica ni aun en el supuesto en el que para realizar el servicio deba entregarse alguna cosa al arrendatario, es decir, no se transforma en un contrato real, los cuales se perfeccionan mediante la entrega de la cosa objeto del contrato.

2º) Un contrato bilateral, ya que hace que surjan obligaciones recíprocas para ambas partes del contrato; obligaciones que analizaremos cuando veamos el contenido del arrendamiento de servicios. Entre ellas las más importante serán la de llevar a cabo los servicios comprometidos y la correlativa de pagar un precio por esos servicios.

3º) Un contrato oneroso, ya que la parte que reciba los servicios tiene que pagar un precio. Si falta dicho precio no existirá arrendamiento de servicios.

4º) Un contrato conmutativo, ya que se supone que el valor de las dos prestaciones, la prestación de los servicios y el precio a entregar, es equivalente.

3º) Un contrato no formal que no requiere para su perfección ninguna forma determinada. Rige en toda su integridad el artículo 1278 del Código Civil, según el cual "Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez". Por lo tanto se podrá celebrar de forma escrita u oral, aunque la forma escrita siempre facilitará su prueba. Por lo tanto será una forma ad probationem, meramente declarativa y no constitutiva.



Bibliografía:


- ALBALADEJO y DÍAZ-ALABART (directores), Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, Madrid, EDERSA,
diversos tomos, volúmenes y ediciones.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (coordinador), Comentarios al Código Civil, Pamplona, THOMSON/ARANZADI.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (director), Tratado de contratos, Valencia, 2009.
- CASTÁN TOBEÑAS, Derecho civil español común y foral, Madrid, diversos tomos, volúmenes y ediciones.
-DÍEZ-PICAZO, Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial I, II y IV, Cizur Menor, THOMSON/CIVITAS. 





sábado, 6 de octubre de 2012

I. EL ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS Y LA REGULACIÓN DEL TRABAJO LIBRE Y POR CUENTA AJENA EN LA HISTORIA.

Desde un punto de vista histórico cabe distinguir tres grandes etapas en la figura del arrendamiento de servicios: 1) La de la regulación del arrendamiento de servicios (locatio conductio operarum) en las fuentes romanas; 2) la de su regulación durante el Antiguo Régimen; y 3) la de su regulación durante la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

1.- El arrendamiento de servicios en la época romana: la locatio conductio operarum.

Durante los tiempos de Roma los servicios prestados por los trabajadores en régimen de libertad y por cuenta ajena se prestaban a través de esta figura que es la locatio conductio operarum. La locatio conductio operarum o arrendamiento de servicios consistía en una prestación de servicios remunerada y por cuenta ajena mediante la cual el locator o trabajador se comprometía a realizar personalmente y de forma libre un trabajo por cuenta y bajo la dirección del conductor, del cual recibía una remuneración. Para exigir esa remuneración el locator contaba con la actio locati y para exigir el cumplimiento diligente y bajo sus órdenes del trabajo el conductor contaba con la actio conductio.

2.- El arrendamiento de servicios durante el Antiguo Régimen.

Durante la Edad Media la regulación de la prestación libre de servicios se dió en un primer momento a través del Código de las Siete Partidas de Alfonso X "el sabio", del siglo XIII. Así, en el título 8 de la quinta partida se regulaba el tema de "los logueros, e de los arrendamientos" y se hablaba de quienes alquilaban sus servicios como "menestrales", etc. 

Sobre este primer molde jurídico genérico incidió después la legislación a partir del siglo XIV. Esta legislación posterior resulta accesible y manejable a través de la Novissima Recopilación de las Leyes de España, de 1805, recopilación que distinguía en su regulación tres situaciones de hecho distintas durante el Antiguo Régimen.

En primer lugar, la situación de los "menestrales y jornaleros", a través de cuatro leyes recopiladas, las cuatro del siglo XIV. Se refiere aquí a los servicios prestados por carpinteros, obreros, albañiles, jornaleros, etc. 

En segundo lugar, la situación de los "criados", a través de siete leyes recopiladas de los siglos XV, XVII y XVIII. Se trataba de trabajadores libres pero en situación de algún modo próxima a la de los esclavos, pues en alguna de estas leyes puede leerse, por ejemplo, que el criado que se despidiera de su amo no podía servir a otro señor en el mismo lugar sin expreso consentimiento del amo de quien se despidió.

En tercer lugar, la situación "de los oficios, sus maestros y oficiales", a través de dieciséis leyes, de los siglos XVI, XVII y XVIII, leyes éstas reguladoras del trabajo libre que prestaban en los gremios a los maestros (zapateros, sastres, plateros, etc) los aprendices y oficiales que dichos maestros tenían contratados en sus talleres.

3.- La regulación del arrendamiento de servicios en el Código Civil.

El Código Civil de 1851 regula ya separadamente y ordenadamente el arrendamiento de cosa, la ejecución de obra y el arrendamiento de servicios; éste último bajo la rúbrica "Del servicio de criados y trabajadores asalariados", en sus artículos 1583 a 1587.

Estos cinco preceptos del Código Civil regulan tres tipos distintos de arrendamiento de servicios, que son el arrendamiento de servicios doméstico (llamando a estos arrendadores de sus propios servicios "criados domésticos", y a su arrendatario "amo"), el arrendamiento de servicios agrícola (llamando a los arrendadores de estos servicios "criados de labranza") y el arrendamiento de servicios industrial (que se refiere a estos arrendadores de sus servicios como "menestrales, artesanos y demás trabajadores asalariados"). Además, condicionado por los pleitos sobre esclavos negros de nuestros territorios ultramarinos que coetáneamente a su promulgación todavía se seguían resolviendo por el TS, el Código Civil se vió obligado a afirmar en esta regulación -para salvaguardar el principio de libertad de trabajo, inaplicable a los verdaderos esclavos- que "el arrendamiento de servicios hecho para toda la vida es nulo".



Bibliografía:

 ALBALADEJO, Derecho Civil II, vols. 1 y 2, Barcelona.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Manual de Derecho civil: Obligaciones y Manual de Derecho civil: Contratos, Madrid.
- DE PABLO CONTRERAS, MARTÍNEZ DE AGUIRRE, PÉREZ ÁLVAREZ, PARRA LUCÁN, Curso de Derecho Civil II:
Derecho de obligaciones, Madrid.

miércoles, 3 de octubre de 2012

PRÁCTICA Nº 1


PRÁCTICA Nº 1.

Exponer las modificaciones del Código Civil que efectuó la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modificó el Código Civil en materia matrimonial.

El artículo único de la Ley 13/2005 derogó y modificó los artículos 44, 66, 67, 154,160, 164,175, 178, 637, 1323, 1344, 1348, 1341, 1361, 1365, 1404 y 1458 del CC, que quedaron redactados de la siguiente manera después de la reforma:

Art. 44 CC à El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código.

El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo.

Art. 66 CC à Los cónyuges son iguales en derechos y deberes.

Art. 67 CC à Los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia.

Art. 154 CC à  Los hijos no emancipados están bajo la potestad de los padres.

La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a su integridad física y psicológica.

Esta potestad comprende los siguientes deberes y facultades:
1.      Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral.
2.      Representarlos y administrar sus bienes.

Si los hijos tuvieren suficiente juicio deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten.

Los padres podrán, en el ejercicio de su potestad, recabar el auxilio de la autoridad.

Art. 160 CC à  Los progenitores, aunque no ejerzan la patria potestad, tienen el derecho de relacionarse con sus hijos menores, excepto con los adoptados por otro o conforme a lo dispuesto en resolución judicial.

No podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del hijo con sus abuelos y otros parientes y allegados.

En caso de oposición, el juez, a petición del menor, abuelos, parientes o allegados, resolverá atendidas las circunstancias. Especialmente deberá asegurar que las medidas que se puedan fijar para favorecer las relaciones entre abuelos y nietos, no faculten la infracción de las resoluciones judiciales que restrinjan o suspendan las relaciones de los menores con alguno de sus progenitores.

Art. 164 CC à Los padres administrarán los bienes de los hijos con la misma diligencia que los suyos propios, cumpliendo las obligaciones generales de todo administrador y las especiales establecidas en la Ley Hipotecaria.

Se exceptúan de la administración paterna:
1.      Los bienes adquiridos por título gratuito cuando el disponente lo hubiere ordenado de manera expresa. Se cumplirá estrictamente la voluntad de éste sobre la administración de estos bienes y destino de sus frutos.
2.       Los adquiridos por sucesión en que uno o ambos de los que ejerzan la patria potestad hubieran sido justamente desheredados o no hubieran podido heredar por causa de indignidad, que serán administrados por la persona designada por el causante y, en su defecto y sucesivamente, por el otro progenitor o por un administrador judicial especialmente nombrado.
3.      Los que el hijo mayor de dieciséis años hubiera adquirido con su trabajo o industria. Los actos de administración ordinaria serán realizados por el hijo, que necesitará el consentimiento de los padres para los que excedan de ella.

Art. 175 CC à1. La adopción requiere que el adoptante sea mayor de veinticinco años. En la adopción por ambos cónyuges basta que uno de ellos haya alcanzado dicha edad. En todo caso, el adoptante habrá de tener, por lo menos, catorce años más que el adoptado.

2. Únicamente podrán ser adoptados los menores no emancipa dos. Por excepción, será posible la adopción de un mayor de edad o de un menor emancipado cuando, inmediatamente antes de la emancipación, hubiere existido una situación no interrumpida de acogimiento o convivencia, iniciada antes de que el adoptando hubiere cumplido los catorce años.

3. No puede adoptarse:
1.      A un descendiente.
2.      A un pariente en segundo grado de la línea colateral por consanguinidad o afinidad.
3.      A un pupilo por su tutor hasta que haya sido aprobada definitivamente la cuenta general justificada de la tutela.

4.  Nadie puede ser adoptado por más de una persona, salvo que la adopción se realice conjunta o sucesivamente por ambos cónyuges. El matrimonio celebrado con posterioridad a la adopción permite al cónyuge la adopción de los hijos de su consorte. En caso de muerte del adoptante, o cuando el adoptante sufra la exclusión prevista en el artículo 179, es posible una nueva adopción del adoptado.

art. 178 CCà1. La adopción produce la extinción de los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia anterior.

2.  Por excepción subsistirán los vínculos jurídicos con la familia del progenitor que, según el caso, corresponda:
1.      Cuando el adoptado sea hijo del cónyuge del adoptante, aunque el consorte hubiere fallecido.
2.      Cuando sólo uno de los progenitores haya sido legalmente determinado, siempre que tal efecto hubiere sido solicitado por el adoptante, el adoptado mayor de doce años y el progenitor cuyo vínculo haya de persistir.

3. Lo establecido en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de lo dispuesto sobre impedimentos matrimoniales.

art. 637 CC à Cuando la donación hubiere sido hecha a varias personas conjuntamente, se entenderá por partes iguales; y no se dará entre ellas el derecho de acrecer, si el donante no hubiese dispuesto otra cosa.

Se exceptúan de esta disposición las donaciones hechas conjuntamente a ambos cónyuges, entre los cuales tendrá lugar aquel derecho, si el donante no hubiese dispuesto lo contrario.

Artículo 1323 CC à Los cónyuges podrán transmitirse por cualquier título bienes y derechos y celebrar entre sí toda clase de contratos.

Artículo 1344 CC à Mediante la sociedad de gananciales se hacen comunes para los cónyuges las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos, que les serán atribuidos por mitad al disolverse aquella.

Artículo 1348 CC à Siempre que pertenezca privativamente a uno de los cónyuges una cantidad o crédito pagadero en cierto número de años, no serán gananciales las sumas que se cobren en los plazos vencidos durante el matrimonio, sino que se estimarán capital de uno u otro cónyuge, según a quien pertenezca el crédito.

Artículo 1351 CC à Las ganancias obtenidas por cualquiera de los cónyuges en el juego o las procedentes de otras causas que eximan de la restitución pertenecerán a la sociedad de gananciales.

Artículo 1361 CC à Se presumen gananciales los bienes existentes en el matrimonio mientras no se pruebe que pertenecen privativamente a uno de los dos cónyuges.

Artículo 1365 CC à Los bienes gananciales responderán directamente frente al acreedor de las deudas contraídas por un cónyuge:
1.      En el ejercicio de la potestad doméstica o de la gestión o disposición de gananciales, que por ley o por capítulos le corresponda.
2.      Redacción según Ley 13/2005, de 1 de julio. En el ejercicio ordinario de la profesión, arte u oficio o en la administración ordinaria de los propios bienes. Si uno de los cónyuges fuera comerciante, se estará a lo dispuesto en el Código de Comercio.

Artículo 1404 CC à Hechas las deducciones en el caudal inventariado que prefijan los artículos anteriores, el remanente constituirá el haber de la sociedad de gananciales, que se dividirá por mitad entre los cónyuges o sus respectivos herederos.

Artículo 1458 CC à  Los cónyuges podrán venderse bienes recíprocamente.

Antes de esta reforma dichos artículos estaban redactados de la siguiente manera:

Art. 44 CC à El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código.

Art. 66 CC à El marido y la mujer son iguales en derechos y deberes.

Art. 67 CC à El marido y la mujer deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia.

Art. 154 CC à  Los hijos no emancipados están bajo la potestad del padre y la madre.

La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos de acuerdo con su personalidad, y comprende los siguientes deberes y facultades:
1.      Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral.
2.      Representarlos y administrar sus bienes.

Si los hijos tuvieren suficiente juicio deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten.

Los padres podrán en el ejercicio de su potestad recabar el auxilio de la autoridad. Podrán también corregir razonable y moderadamente a los hijos.

Art. 160 CC à El padre y la madre, aunque no ejerzan la patria potestad, tienen el derecho de relacionarse con sus hijos menores, excepto con los adoptados por otro o conforme a lo dispuesto en resolución judicial.

No podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del hijo con sus abuelos y otros parientes y allegados.

En caso de oposición, el juez, a petición del menor, abuelos, parientes o allegados, resolverá atendidas las circunstancias. Especialmente deberá asegurar que las medidas que se puedan fijar para favorecer las relaciones entre abuelos y nietos, no faculten la infracción de las resoluciones judiciales que restrinjan o suspendan las relaciones de los menores con alguno de sus progenitores.

Art. 164 CC à  Los padres administrarán los bienes de los hijos con la misma diligencia que los suyos propios, cumpliendo las obligaciones generales de todo administrador y las especiales establecidas en la Ley Hipotecaria.

Se exceptúan de la administración paterna:
1.      Los bienes adquiridos por título gratuito cuando el disponente lo hubiere ordenado de manera expresa. Se cumplirá estrictamente la voluntad de éste sobre la administración de estos bienes y destino de sus frutos.
2.      Los adquiridos por sucesión en que el padre, la madre o ambos hubieran sido justamente desheredados o no hubieran podido heredar por causa de indignidad, que serán administrados por la persona designada por el causante y, en su defecto y sucesivamente, por el otro progenitor o por un Administrador judicial especialmente nombrado.
3.      Los que el hijo mayor de dieciséis años hubiera adquirido con su trabajo o industria. Los actos de administración ordinaria serán realizados por el hijo, que necesitará el consentimiento de los padres para los que excedan de ella.

Art. 175 CC à 1. La adopción requiere que el adoptante sea mayor de veinticinco años. En la adopción por ambos cónyuges basta que uno de ellos haya alcanzado dicha edad. En todo caso, el adoptante habrá de tener, por lo menos, catorce años más que el adoptado.

2. Unicamente podrán ser adoptados los menores no emancipa dos. Por excepción, será posible la adopción de un mayor de edad o de un menor emancipado cuando, inmediatamente antes de la emancipación, hubiere existido una situación no interrumpida de acogimiento o convivencia, iniciada antes de que el adoptando hubiere cumplido los catorce años.

3. No puede adoptarse:
1.      A un descendiente.
2.      A un pariente en segundo grado de la línea colateral por consanguinidad o afinidad.
3.      A un pupilo por su tutor hasta que haya sido aprobada definitivamente la cuenta general justificada de la tutela.

4. Fuera de la adopción por ambos cónyuges, nadie puede ser adoptado por más de una persona. En caso de muerte del adoptante, o cuando el adoptante sufra la exclusión prevista en el artículo 179, es posible una nueva adopción del adoptado.

art. 178 CCà 1. La adopción produce la extinción de los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia anterior.

2. Por excepción subsistirán los vínculos jurídicos con la familia paterna o materna, según el caso:
1.      Cuando el adoptado sea hijo del cónyuge del adoptante, aunque el consorte hubiere fallecido.
2.      Cuando sólo uno de los progenitores haya sido legalmente determinado y el adoptante sea persona de distinto sexo al de dicho progenitor, siempre que tal efecto hubiere sido solicitado por el adoptante, el adoptado mayor de doce años y el padre o madre cuyo vínculo haya de persistir.

3. Lo establecido en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de lo dispuesto sobre impedimentos matrimoniales.

art. 637 CC à Cuando la donación hubiere sido hecha a varias personas conjuntamente, se entenderá por partes iguales; y no se dará entre ellas el derecho de acrecer, si el donante no hubiese dispuesto otra cosa. Se exceptúan de esta disposición las donaciones hechas conjuntamente a marido y mujer, entre los cuales tendrá lugar aquel derecho si el donante no hubiese dispuesto lo contrario.

Artículo 1323 CC à El marido y la mujer podrán transmitirse por cualquier título bienes y derechos y celebrar entre si toda clase de contratos.

Artículo 1344 CC à Mediante la sociedad de gananciales se hacen comunes para el marido y la mujer las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos, que le serán atribuidos por mitad al disolverse aquélla.

Artículo 1348 CC à Siempre que pertenezcan privativamente a uno de los cónyuges una cantidad o crédito pagaderos en cierto número de años, no serán gananciales las sumas que se cubren en los plazos vencidos durante el matrimonio, sino que se estimarán capital del marido o de la mujer, según a quien pertenezca el crédito.

Artículo 1351 CC à Las ganancias obtenidas por el marido o la mujer en el juego o las procedentes de otras causas que eximan de la restitución, pertenecerán a la sociedad de gananciales.

Artículo 1361 CC à Se presumen gananciales los bienes existentes en el matrimonio mientras no se pruebe que pertenecen privativa mente al marido o a la mujer.

Artículo 1365 CC à Los bienes gananciales responderán directamente frente al acreedor de las deudas contraídas por un cónyuge:
1.      En el ejercicio de la potestad doméstica o de la gestión o disposición de gananciales, que por ley o por capítulos le corresponda.
2.      En el ejercicio ordinario de la profesión, arte u oficio o en la administración de los bienes propios.

Si el marido o la mujer fueran comerciantes, se estará a lo dispuesto en el Código de Comercio.

Artículo 1404 CC à Hechas las deducciones en el caudal inventariado que prefijan los artículos anteriores, el remanente constituirá el haber de la sociedad de gananciales, que se dividirá por mitad entre marido y mujer o sus respectivos herederos.

Artículo 1458 CC à  El marido y la mujer podrán venderse bienes recíprocamente.

PRÁCTICA Nº 3. DERECHO COMÚN Y DERECHO FORAL. SUCESIONES.


SUCESIONES.
PREGUNTAS:
1.- ¿Qué es la sucesión?
La sucesión, en un sentido amplio, es aquél fenómeno por el cual una persona entra en la posición que otra persona ocupaba en una determinada relación jurídica, la cual, a pesar de ese cambio de sujeto, sigue siendo la misma. Es decir,  esa determinada relación jurídica no se extingue dando lugar a otra nueva, sino que sólo se da un cambio de sujeto en la misma.
La sucesión o el cambio de sujeto podrá darse inter vivos, cuando el traspaso de la posición jurídica de una persona a otra se da en vida de ambos (por ejemplo en los casos de cesión de créditos), o podrá darse como consecuencia del fallecimiento del primer sujeto, caso en que estaremos ante una sucesión mortis causa, la cual supone la subrogación de una persona en la titularidad de algunos o de todos los bienes, derechos y obligaciones transmisibles dejados a su muerte por otra persona.
2.- ¿Qué tipos de sucesión se dan?
En la sucesión mortis causa hay que distinguir entre:
* Sucesión voluntaria --> Es la que se produce cuando la persona del sucesor/es ha sido designada por el propio difunto mediante un negocio jurídico unilateral, como puede ser un testamento, caso en el que nos encontraremos ante una sucesión testamentaria, o bilateral, como puede ser un pacto sucesorio, caso en el que estaremos ante una sucesión paccionada o contractual.

* Sucesión legal --> Es la que se produce cuando la persona del sucesor/es es designada por la ley. Esto tiene lugar en tres supuestos:

1.      Cuando se fallece sin otorgar testamento
2.      Cuando habiendo testamento no se disponen en él todos los bienes del testador
3.      Cuando el instituido heredero es incapaz de suceder o es declarado indigno para suceder .
3.- ¿En qué consiste la legítima del cónyuge viudo?

La legítima es la porción de bienes de la que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos, llamados herederos forzosos, que son (en este orden):



1.      los hijos y descendientes
2.      los padres y ascendientes
3.      el viudo/a
La legítima del cónyuge viudo siempre es en usufructo, y varía dependiendo de las personas con que concurra a la sucesión:
a.      Concurre con hijos comunes, su legítima estará formada por el tercio destinado a mejora.
b.      Concurre con ascendientes del causante, su legítima estará formada por el usufructo de la mitad del caudal de la herencia.
c.       Si no concurre ni con ascendientes ni con descendientes, tendrá derecho al usufructo sobre dos tercios del caudal de la herencia.
4.- ¿Cuál es la situación de la pareja de hecho en cada uno de los ordenamientos?

Todo aquello que en derecho de sucesiones conforme al código Civil corresponde al cónyuge viudo, no corresponde a la pareja de hecho del fallecido/a por lo que, en principio (al margen de los supuestos concretos que pudieran plantearse), en caso de existencia de legitimarios o herederos forzosos, la pareja de la persona fallecida no tendría sino el derecho a ser beneficiado con un tercio de la herencia, más concretamente, aquel tercio llamado “de libre disposición”, por tratarse del único tercio que puede disponerse a favor persona que no tenga la consideración de legitimario o heredero forzoso (y esto, claro, en caso de que la persona fallecida así lo hubiera dispuesto expresamente en testamento). No se debe olvidar que desde el punto de vista del Código Civil los miembros de la pareja constituida siguen siendo solteros, y por lo tanto extraños a los efectos de la citada normativa.



No ocurre lo mismo, sin embargo, en lo que concierne al derecho sucesorio en el ámbito Foral. En este sentido, el artículo 9 de la Ley de Parejas de Hecho modifica la Ley de Derecho Civil Foral del País Vasco y establece que “las parejas de hecho tendrán la misma consideración que las casadas”(1)
De este modo, establece la posibilidad de que las parejas de hecho puedan realizar testamento con arreglo a Derecho Foral como si de un matrimonio se tratara, posibilidad que resulta muy interesante, aún más en lo que concierne a la pareja de la persona fallecida, pues la normativa foral (2) protege al cónyuge viudo (pareja de hecho del fallecido) en mayor medida que la normativa estatal (Código Civil).

5.- ¿Qué diferencias aparecen entre el Derecho estatal y el Derecho autonómico en este texto?

En este texto, además de la equiparación en el Derecho foral de la pareja de hecho al cónyuge, aparecen diferencias en cuanto a la legítima del cónyuge viudo. Así, mientras en el caso del Derecho estatal la legítima del cónyuge viudo consiste en el tercio destinado a la mejora cuando concurre con hijos comunes, el usufructo de la mitad de la herencia cuando concurra con ascendientes y el usufructo de dos tercios de la herencia cuando no concurra ni con descendientes ni con ascendientes, en el caso del Derecho foral el cónyuge viudo tendrá el usufructo de la mitad de todos los bienes del causante, si concurriere con descendientes o ascendientes y, en defecto de ascendientes o descendientes, tendrá el usufructo de dos tercios de todos los bienes.
6.- ¿Qué es lo máximo que puede recibir la pareja de hecho teniendo en cuenta las variables de sucesión testada/ intestada y sistema civil común/ sistema foral vasco?

La pareja de hecho según el sistema civil común al no considerarse legitimario no podría recibir nada de su pareja por sucesión intestada porque no es cónyuge del fallecido. En cambio el difunto sí podría haber dejado bienes a su pareja de hecho: el tercio de libre disposición en caso de que hubiese legitimarios, y la totalidad de sus bienes, incluso, en caso de que no hubiese legitimarios.


En el sistema foral vasco, al equiparse en la Ley de parejas de hecho la pareja de hecho al cónyuge viudo en lo que al régimen sucesorio se refiere, la pareja de hecho también será legitimario y tendrá derecho al usufructo de la mitad de todos los bienes del causante, si concurriere con descendientes o ascendientes; y, en defecto de ascendientes o descendientes, tendrá derecho al usufructo de dos tercios de todos los bienes (art. 58 Ley 3/1992). Ello aparte de lo que el difunto pudiera haberle dejado en el testamento en la parte que tuviera de libre disposición según el Derecho foral, y de los derechos ab intestato que pudiera tener también con arreglo al Derecho foral.