sábado, 29 de diciembre de 2012

VII. DISTINCIÓN ENTRE EL ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS Y OTRAS FIGURAS AFINES. EL CONTRATO DE OBRA.

Después de haber analizado el concepto, las características, el objeto, el contenido y la duración del arrendamiento de servicios es importante distinguir el contrato de arrendamiento de servicios de otras figuras afines como son el arrendamiento de obra, el mandato o el contrato de trabajo, distinción que determinará en muchos litigios los deberes y obligaciones de las partes en sus relaciones.

En primer lugar, hay que distinguir el arrendamiento de servicios del arrendamiento de obra. Este contrato, regulado también en el art. 1544 Cc, se caracteriza por la realización, por una de las partes (el contratista) y  mediante precio, no ya de un trabajo en beneficio de la otra parte (de quien hace el encargo o comitente), sino de un trabajo materializado en una obra que es el objeto del contrato y lo que va a recibir el que la contrató. 

La distinción entre el contrato de obra (más exactamente de ejecución de obra) y el de servicios, ambos impropiamente llamados "de arrendamiento" en fuerza de una tradición que se remonta a las fuentes romanas, como ya vimos, consiste en que en el contrato de servicios las partes pretenden obtener, simplemente, que otra persona desarrolle cierta actividad, mientras que en el de obra persiguen, no estrictamente esa actividad ajena, sino su resultado. Quien asume la obra (el contratista) promete a la contraparte un "resultado", que consiste inicialmente en un acto de producción del cual él asume el riesgo.

De esta manera, de los diferentes criterios ideados por la doctrina para distinguir el arrendamiento de servicios del de obra, el que goza mayor predicamento radica en el objeto inmediato de la obligación del contratista, de manera que si éste se obliga a la prestación de servicios o de trabajo, o de una actividad en sí misma, y no al resultado que aquella prestación produce, el arrendamiento es de servicios, y, en cambio, si se obliga a la prestación de un resultado, sin consideración al trabajo que lo crea, el arrendamiento lo será de obra.

Por lo tanto el criterio fundamental de distinción entre estas dos figuras estará en que en el caso de una arrendamiento de servicios estaremos, como ya explicamos, ante una obligación de medios, y, en el caso del arrendamiento de obra estaremos ante una obligación de resultados.



Bibliografía:

- ALBALADEJO, Derecho Civil II, vols. 1 y 2, Barcelona.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Manual de Derecho civil: Obligaciones y Manual de Derecho civil: Contratos, Madrid.

Jurisprudencia:


sábado, 22 de diciembre de 2012

EL ESTATUTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO. LEY 20/2007 DE 11 DE JULIO.


En el año 2007 se aprobó la Ley 20/2007 que regulaba el Estatuto del Trabajo Autónomo, con la intención de equiparar el nivel de protección social de los trabajadores autónomos con el de los trabajadores por cuenta ajena, de tal manera, que los derechos de los trabajadores inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos fuesen los mismos que los de los trabajadores del Régimen General.
También, con la creación de la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente, se regulaba una situación específica que afectaba a numerosos trabajadores autónomos, tal y como habían ido estableciendo en los últimos años, y de forma reiterada, diferentes sentencias.
Una importante novedad que introdujo el Estatuto fue la posibilidad de que los trabajadores autónomos cobrasen una prestación por desempleo. Han hecho falta tres años de duras negociaciones para que finalmente se aprobase la Ley 32/2010 de 5 de agosto que regula el sistema de protección por cese de actividad.
Vamos a destacar cuáles son los aspectos más destacables que trata la ley:
  1. Define el trabajo autónomo y determina los colectivos que lo componen.
  2. Establece el catálogo de derechos y deberes fundamentales, así como las normas en materia de prevención de riesgos laborales.
  3. Determina que los menores de dieciséis años no pueden ser trabajadores autónomos ni ejercer actividad profesional, ni siquiera para sus familiares.
  4. Crea y regula el Régimen Profesional del Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente (TRADE).
  5. Señala los derechos colectivos, de asociación y de representatividad de los trabajadores autónomos y crea el Consejo del Trabajo Autónomo como órgano consultivo del Gobierno.
  6. También establece que la acción protectora del Régimen Especial de Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia, comprenderá: la asistencia sanitaria en los casos de maternidad, enfermedad común o profesional y accidentes, sean o no de trabajo y las  prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, paternidad, riesgo durante la lactancia, incapacidad permanente, jubilación, muerte y supervivencia y familiares por hijo a cargo. A este respecto, introdujo la obligación de la cobertura por Incapacidad Temporal a partir del 1 de Enero de 200.
  7. Marca las líneas principales de fomento y promoción del trabajo autónomo, así comoexenciones y reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social
  8. En lo que se refiere a la creación de una prestación por cese de actividad, dicho de otra manera, el derecho a cobrar "paro", una de las reivindicaciones históricas del colectivo de trabajadores autónomos,la ley señala (en su disposición adicional cuarta) el inicio de un proyecto de regulación de dicha prestación.
  9. Introduce como novedad, en lo que se refiere a la contratación de familiares la posibilidad de contratar como trabajadores por cuenta ajena, a los hijos menores de treinta años aunque éstos convivan con el trabajador autónomo, quedando excluida la cobertura por desempleo de los mismos.

¿Qué ha ocurrido con posterioridad a la aprobación de la ley?

Posteriormente la Ley del Trabajo Autónomo se ha desarrollado a través del Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, regulando el contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente, y su registro, y creando el Registro Estatal de Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos. Fruto de este Real Decreto 197/2009 se ha producido también la Resolución de 18 de marzo de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, estableciendo el procedimiento para el registro de los contratos de los trabajadores autónomos económicamente dependientes.
Y en agosto de 2010 por fin se ha aprobado la Ley que regula el sistema de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos (Ley 32/2010, de 5 de agosto).

Revistas:
-Actualidad Civil
-Actualidad Jurídica Aranzadi

sábado, 8 de diciembre de 2012

EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS. VÍDEO RESUMEN. CAPACIDAD, CONTENIDO, DURACIÓN Y EXTINCIÓN.

Os cuelgo otro vídeo resumen de la segunda parte de la exposición referida a la capacidad de las partes, el contenido del contrato, su duración y extinción.

Se trata de otro vídeo de la doctora Francisca Ramón Fernández,  titular de Derecho Civil en la Universidad Politécnica de Valencia. 

Espero que estos vídeos os ayuden a tener una visión resumida de este contrato y os ayude a comprender mejor las exposiciones teóricas que he hecho en anteriores entradas.

Este es el vídeo:




sábado, 1 de diciembre de 2012

VI. EL ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS. DURACIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO.

En cuanto a la duración del arrendamiento de servicios, del art. 1583 CC se deriva que dicho contrato podrá pactarse por un tiempo determinado o por tiempo indefinido. No obstante será nulo cualquier pacto que estipule que el arrendamiento de servicios sea por toda la vida, ya que ello iría en contra del derecho a la libertad individual reconocido el art. 17 de la Constitución.

En lo que se refiere a su extinción, el contrato de servicios se extinguirá, en primer lugar, por las causas generales de extinción de las obligaciones (art. 1156 Cc) y de los contratos, es decir:

1. Que el contrato sea nulo por faltarle alguno de sus elementos esenciales: consentimiento, objeto, causa.

2. Que el contrato sea anulable por concurrir alguna de las causas del art. 1301 CC.

3. Que el arrendatario rescinda el contrato por producirse alguna de las causas del art. 1291 Cc.

4. Que se lleve a cabo la actividad pactada con la diligencia debida, con o sin el resultado deseado por el arrendador (por ejemplo porque no se ha ganado el pleito).

5. Porque la actividad pactada se vuelva imposible de realizar durante el contrato.

6. Por desestimiento unilateral del arrendador sin concurrir causa para ello.

7. Porque se reúnan en la misma persona la condición de arrendador y arrendatario (por ejemplo porque un abogado esté prestando sus servicios en una relación no laboral  y se convierta en dueño de esa empresa).

Además de estas causas generales, el contrato de servicios también tiene sus propias causas de extinción:

1) En primer lugar, las derivadas de su carácter temporal: el transcurso del tiempo por el que se contrató, o la finalización de la obra para cuya realización se contrataron los servicios. Si se contrató por tiempo indefinido, parece razonable reconocer a ambos contratantes la facultad de desistir unilateralmente del contrato; en otro caso, parece igualmente razonable entender que el arrendador puede desistir en cualquier momento, sin necesidad de causa alguna, mientras que el prestador de servicios precisará de justa causa para desistir. 

En todo caso, el desestimiento unilateral de cualquiera de los contratantes, salvo el motivado por culpa del otro contratante, genera la obligación de indemnizar por los perjuicios que dicho desestimiento produce al otro contratante (argumento que se puede derivar de los artículos 1.584 y 1594 Cc).

2) En segundo lugar, las ligadas a la relación de confianza qeu, en muchos casos caracteriza estos contratos: así, si el contrato se ha realizado in tuitu personae se extinguirá por el fallecimiento del prestador de servicios.

Bibliografía:

- DÍEZ-PICAZO y GULLÓN, Sistema de Derecho Civil, vol. II, Madrid.
- LACRUZ BERDEJO y otros, Elementos de Derecho Civil II, vols. 1 y 2, Madrid.

sábado, 24 de noviembre de 2012

EL CONSEJO DEL TRABAJADOR AUTÓNOMO

El 28 de Diciembre de 2010 se publicó en el BOE el Real Decreto 1613/2010 por el que se creaba y regulaba el Consejo de la representatividad de las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos en el ámbito estatal y se establecía la composición y régimen de funcionamiento y organización del Consejo del Trabajo Autónomo.

Ya el Estatuto del Trabajo Autónomo, aprobado por la Ley 20/2007, de 11 de julio, hacía referencia en su artículo 22 a la constitución del Consejo del Trabajo Autónomo, órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y profesional. Si bien el precepto regulaba aspectos básicos del mismo, el apartado 6 preveía que mediante disposición reglamentaria se debía desarrollar la composición y régimen de funcionamiento de dicho órgano. Es por eso que se publicó este RD que tiene por objeto regular tales cuestiones.

A través de este RD se creaba, así,  el Consejo de la representatividad de las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos como órgano colegiado que tiene como fin representar a las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos en el ámbito estatal. Este Consejo se adscribe al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a través de la Secretaría de Empleo.
El Consejo está compuesto por cinco miembros, tres de los cuales deberán tener la condición de personal funcionario del Ministerio de Trabajo e Inmigración, y dos serán personas expertas de reconocido prestigio, imparciales e independientes. El nombramiento del personal integrante del Consejo correrá a cargo de la persona que ostente la titularidad de la Secretaría de Estado de Empleo.
El Consejo tendrá la facultad de declarar la condición de asociación profesional representativa de trabajadores autónomos en el ámbito estatal, por un periodo de cuatro años, según convocatoria pública. Para el cumplimiento de este fin el Consejo de la representatividad de las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos tendrá, las siguientes facultades:
  • Dictar resolución de condición de asociación profesional representativa de trabajadores autónomos en el ámbito estatal. Para ello, el Consejo examinará la documentación aportada por las asociaciones profesionales concurrentes a la convocatoria y la valorará en su conjunto.
  • Solicitar a través del órgano competente la documentación oportuna a las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos.
  • Recabar y analizar la información disponible en el Registro Estatal de Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos.
  • Cualesquiera otras que coadyuven a la acreditación y declaración de la condición de asociación representativa de trabajadores autónomos en el ámbito estatal.
El Consejo de Representatividad está investido de autonomía técnica, con el fin de garantizar la objetividad en el desarrollo de sus facultades.
Además el RD estipula la creación del Consejo del Trabajador Autónomo como órgano  consultivo, para asesorar al Gobierno en materia socioeconómica y profesional del trabajo autónomo, mediante el desempeño de las funciones que tiene legalmente asignadas. El Consejo del Trabajo Autónomo tambián tiene ámbito estatal y está adscrito al Ministerio de Trabajo e Inmigración a través de la Secretaría de Estado de Empleo, al igual que el Consejo de la representatividad.
De esta manera la creación de estos dos consejos redundó en una mayor consideración hacia la labor y los derechos de los trabajadores autónomos que, en ese momento, era el régimen con máyores carencias y que necesitaba una gran reforma. La propia idiosincrasia de este colectivo había impedido hasta entonces tener un órgano de representatividad con la suficiente fortaleza para poder defender sus derechos y reivindicaciones ya que las organizaciones empresariales habían estado más pendientes de las grandes empresas que de este colectivo. Ya en mayo de 2010 el Ministerio de Trabajo había dicho que la CEOE no representaba a los trabajadores autónomos y había retirado todas las subvenciones dadas a esta organización empresarial dedicadas a la formación de estos trabajadores.

sábado, 17 de noviembre de 2012

V. EL ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS. CAPACIDAD DE LAS PARTES Y CONTENIDO.

Como vimos al hablar del concepto del arrendamiento de servicios, existen dos partes en este contrato: una parte arrendadora, que es aquella a cuyo favor se realiza la actividad pactada y que debe pagar un precio por esa actividad, y una parte arrendataria, que es la persona o personas que deben realizar la actividad pactada a favor del arrendador (art. 1544 del Código Civil)

El Código Civil no determina en la regulación de este arrendamiento ninguna capacidad especial para la celebración de este contrato, por lo que se aplicarán las disposiciones relativas a la capacidad para contratar en general. Es decir, bastará con ser un menor emancipado y no estar incapacitado judicialmente para realizar este tipo de contratos.

En lo que se refiere al contenido del contrato de arrendamiento de servicios, en este tipo de contrato, se dan las siguientes obligaciones (que ya mencionamos al hablar del objeto de este contrato y cuyo contenido completamos ahora):

A. OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO.

Su obligación principal consiste en la prestación del servicio, en la realización de una actividad de medios, regido por los principios de las obligaciones de hacer.

Como regla general se ha de prestar el servicio personalmente, porque es usual la celebración de este contrato en contemplación a las cualidades del que ha de prestarlo, y de una manera que sea conforme a los usos profesionales. Tales usos integran en gran medida el contenido contractual (art. 1258), por no ser normal la redacción previa del modo en que el arrendatario ha de prestar el servicio. La prestación personal no excluye, por supuesto, la posibilidad de valerse de auxiliares o colaboradores, pero bajo la directa supervisión y responsabilidad del arrendatario.

Del mismo modo la diligencia exigible en el cumplimiento de la obligación no es la del buen padre de familia (art. 1104), sino las reglas del arte o profesión. Son clásicos los aforismos spondet peritiam artis e imperitia culpae ennumerantur. El prestatario responderá de su pericia en el arte u oficio, asimilándose la impericia a la culpa, pero siempre en función de la naturaleza de la obligación y de las circunstancias de personas, tiempo y lugar, como manda el art. 1.104 del Código Civil.

De ahí que el profesional responde si no aplica las técnicas conocidas, o no se adecúa su conducta al estado actual de la ciencia que practica.

Será al acreedor o arrendador a quien corresponda la prueba de esa negligencia, y si lo que se discute es si los servicios se prestaron o no, al arrendatario le corresponderá probar que se prestaron.

También pesa sobre el acreedor del servicio la carga o deber accesorio de cooperar al cumplimiento del prestatario poniéndolo en condiciones de cumplir, de que su trabajo sea provechoso. Caso de incumplimiento, el deudor que no lo pueda ejecutar por ello podrá resolver el contrato con las correspondientes indemnizaciones (por gastos adelantados, etc).

B. OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR.

La obligación principal del arrendador es la de pagar la contraprestación. El artículo 1544 habla a este respecto de "precio cierto".

La prestación por un profesional de los servicios propios de su profesión constituye una presunción de que la otra parte se obliga a remunerarlos, presunción que será iuris tantun, por lo que, a falta de acuerdo escrito, cabrá probar lo contrario. 

Por lo que se refiere a la determinación del precio, éste podrá pactarse de forma expresa por las partes, y, en caso de que no lo hagan, el precio vendrá determinado por el uso o costumbre vigente en el lugar en  que se presten los servicios o de acuerdo a las tarifas o baremos orientadores que determine el Colegio profesional correspondiente.

La retribución podrá ser de cualquier clase. No ha de consistir necesariamente en dinero, pues, de una parte, el art. 1544 se limita a hablar de "precio" sin especificar si debe ser dinerario o no, y, de otra, se entiende que será el válido el cambio de servicios por cualquier prestación de cosas o también de servicios, al amparo del art. 1255.

Bibliografía:

- ALBALADEJO, Derecho Civil II, vols. 1 y 2, Barcelona.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Manual de Derecho civil: Obligaciones y Manual de Derecho civil: Contratos, Madrid.

lunes, 5 de noviembre de 2012

DERECHOS FUNDAMENTALES CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.

El listado de libertades y derechos fundamentales de la Constitución Española se contiene en el Título I, Capítulo II, sección primera, artículos 15-29, y son:

- El derecho a la vida (art. 15 CE)
- El derecho a la integridad física y  moral (art. 15 CE)
- La libertad religiosa y de culto (art. 16 CE).
- El derecho a la libertad (art. 17 CE).
- El derecho a la seguridad (art. 17 CE).
- El derecho al honor (art. 18 CE).
- El derecho a la intimidad personal y familiar, manifestado en la inviolabilidad del domicilio y el secreto de              las comunicaciones. (art. 18 CE).
- El derecho a la propia imagen (art. 18 CE).
- Libertad de circulación y residencia en territorio nacional (art. 19 CE).
- El derecho a entrar y salir libremente de territorio español (art. 19 CE).
- La libertad de expresión (art. 20 CE).
- El derecho a la creación y producción literaria, artística, científica y técnica (art. 20 CE).
- La libertad de cátedra (art. 20 CE).
- Libertad de prensa (art. 20 CE).
- El derecho de reunión (art. 21 CE).
- La libertad de asociación (art. 22 CE).
- El derecho de sufragio activo y pasivo (art. 23 CE).
- El derecho al acceso a la función pública (art. 23 CE).
- El derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE).
- El derecho a defensa y asistencia jurídica (art. 24 CE).
- El derecho a la educación (art. 27 CE).
- La libertad de enseñanza (art. 27 CE).
- La libertad de creación de centros docentes (art. 27 CE).
- La libertad sindical (art. 28 CE).
- El derecho a huelga (art. 28 CE).
- El derecho de petición (art. 29 CE).

Todos estos derechos vinculan a todos los poderes públicos y gozan de una tutela especial a través de un procedimiento preferente y sumario y a través de la posibilidad de interponer un recurso de amparo ante el TC por su violación (art. 53 CE).

Por otra parte la importancia de estos derechos y libertades fundamentales se ve en que su regulación deberá ir siempre por Ley Orgánica (art. 81.1 CE).

sábado, 3 de noviembre de 2012

LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE LOS ABOGADOS.

En relación al objeto del arrendamiento de servicios hemos visto cómo la parte del contrato que ha recibido los servicios está obligada a entregar un precio a la persona que los ha prestado. Un ejemplo práctico en este aspecto podría ser el de los honorarios cobrados por los abogados por la prestación de sus servicios. En este tema es interesante aclarar varias cuestiones.

En primer lugar cabría preguntarse si las normas sobre honorarios profesionales aprobadas por los respectivos colegios profesionales obligan a aquellos que están colegiados y practican esa profesión o si en un momento determinado podrían apartarse de esas normas a la hora de cobrar a su cliente. Hay que decir a este respecto que la respuesta es negativa. Actualmente las normas de los distintos Colegios contienen un baremo orientador. Se trata sólo de criterios orientativos que podrán guiar al profesional en sus tarifas.

Esta potestad colegial a la hora de fijar unos honorarios mínimos fue suprimida por la Ley 7/1997 de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios Profesionales, que en su Exposición de Motivos confirma la eliminación de dicha potestad ya anunciada en el Real Decreto-Ley de 1996 que dió lugar a dicha ley.

Conforme a lo anterior, el Estatuto de la Abogacía, aprobado por el Real Decreto 658/2001, de 22 de junio señaló en su Exposición de Motivos que, a pesar de que en el anterior Estatuto se admitía la potestad de los Colegios Profesionales a la hora de fijar los honorarios mínimos que debía pagar el cliente al abogado, en este nuevo Estatuto se eliminaba dicha potestad, dejando sólo a los Colegios la posibilidad de fijar unos  honorarios orientativos, todo ello para permitir una mayor competencia y mejora de los servicios ofertados. 

El artículo 44 de este Estatuto reconoce el derecho de los abogados a una compensación económica por los servicios prestados, así como al reintegro de los gastos que se le pudieran ocasionar. De este artículo se deriva, por otra parte, que el abogado tendrá libertad a la hora de fijar sus tarifas, lo cual podrá hacer de común acuerdo con el cliente y siempre sin infringir las normas deontológicas y sobre competencia desleal. En caso de que no haya una tarifa puesta por el abogado unilateralmente o por acuerdo con el cliente se podrán tener en cuenta los baremos que establezca el colegio de abogados en cuyo ámbito actúe el abogado. Estas reglas de fijación de honorarios se aplicarán de acuerdo a las reglas, usos y costumbres de dicho colegio y se aplicarán siempre supletoriamente a lo convenido por las partes.

De todas maneras, siempre es aconsejable pedir un presupuesto antes de contrastar los servicios de un abogado, en el que deberán detallarse las actuaciones que cubre y cuáles son los costes de procuradores o notarios si se diera el caso.

Un tema relacionado con el de los honorarios es el de la Provisión de fondos. Puede ocurrir que un abogado solicite de su cliente cantidades de dinero en concepto de fondos a cuenta de gastos previsibles en relación al caso o de sus honorarios. Esto suele suceder normalmente y cuando alguien contrata con un abogado se suele entregar una provisión de fondos. 

Otro aspecto relacionado con el cobro de honorarios es la cuestión de si un abogado puede o no acordar con un cliente que únicamente cobrará un porcentaje de lo que obtengan de la resolución del caso. Esta práctica se denomina pacto de cuota litis y estaba expresamente prohibida hasta  2008 por el Estatuto General de la Abogacía (art. 44.3) así como por su código deontológico aprobado por el Consejo General de la Abogacía Española (art. 16). Por tanto, cliente y abogado no pueden pactar con anterioridad a la conclusión del caso que el abogado únicamente percibirá un porcentaje de lo que se obtenga a la resolución del mismo. 

Esta prohibición tenía su sentido en el principio deontológico tradicional de que "el abogado nunca debe ser socio del cliente en sus pleitos", sino que debe haber una separación entre los intereses del cliente y la labor llevada a cabo por el abogado.

No se consideraba, sin embargo, "cuota litis" y por tanto estaba permitido aquel acuerdo entre abogado y cliente por el que se prevén unos honorarios alternativos que tengan en cuenta el resultado del caso, siempre que se prevea una cantidad que cubra como mínimo los costes del servicio prestado por el abogado en el supuesto de que los resultados del caso sean adversos.

Sin embargo, tras la Sentencia del Tribunal Supremo del 4 de noviembre de 2008 el pacto de cuota litis es libre, quedando sin efecto tanto el art. 16 del Código deontológico como el art. 44.3 del Estatuto. El argumento básico de esta sentencia es la contradicción de estos preceptos con el principio de libre competencia.





Enlaces de interés:

Artículo sobre el final de la prohibición del pacto de cuota litis

Artículo doctrinal sobre los honorarios de los abogados de Héctor Taillefer De Haya (abogado)

La fijación de honorarios de los abogados (practicajuridicayempresarial.blogspot.com.es)

Aula virtual: Cómo contabilizar la provisión de fondos de un abogado

Para consultar sobre honorarios en el Ilustre Colegio de Abogados de Vizcaya






sábado, 27 de octubre de 2012

EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS. VÍDEO RESUMEN DE LO VISTO HASTA AHORA.


Os dejo este vídeo resumen de lo que hemos visto hasta ahora en cuanto al concepto, características y objeto del contrato de arrendamiento de servicios. La charla explicativa es de la doctora Francisca Ramón Fernández de la Universidad Politécnica de Valencia y la verdad es que explica bastante bien y de forma esquematizada los puntos que hemos visto por ahora relativos al arrendamiento de servicios.

Francisca Ramón Fernández es titular del departamento de Derecho civil en la Universidad de Valencia y además es miembro del Grupo de Investigación en Ciencia y Tecnología Forestal (RE-FOREST) de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN), también en la Unversitat Politécnica de Valencia. También participa en varios programas de tutorización y de acción en el ámbito europeo.

Os animo a visitar su página. También tiene un blog bastante interesante.

Página en la Universidad: http://personales.upv.es/frarafer/





sábado, 20 de octubre de 2012

IV. EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS. SU OBJETO.

El objeto del contrato de arrendamiento de servicios está constituido por aquellas prestaciones a las que se comprometen tanto el arrendador de los servicios como el arrendatario. En ese sentido, las prestaciones serán, por un lado el servicio o actividad a desarrollar por el profesional liberal, y por otro el precio que el arrendador de esos servicios tendrá que pagar por ellos.

En primer lugar, como hemos dicho, y como se deriva del artículo 1544 el profesional se compromete a LLEVAR A CABO UN SERVICIO O ACTIVIDAD a favor del arrendador de esos servicios. No se tratará de la obtención de un resultado para el arrendador, lo cual constituiría un arrendamiento de obra y no de servicios, sino de llevar a cabo esa actividad (por ejemplo un tratamiento médico) con la diligencia que en cada caso y profesión sea exigible a ese profesional.

El profesional siempre deberá desarrollar su actividad conforme a las reglas propias de la profesión de que se trate, y con un amplio margen de autonomía, dentro del ámbito de su competencia profesional (es decir, de acuerdo con sus propios criterios, conocimientos y decisiones). En muchos casos, el papel de quien contrata al profesional se limita a la determinación, en términos generales, del servicio que debe ser prestado (llevanza de un pleito, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, etc.), pero las decisiones acerca de cómo debe ser prestado el servicio corresponden al profesional. 

Por lo tanto, se tratará de una obligación de hacer, cuyo contenido no es el resultado de aplicar una concreta acción del obligado a una concreta cosa (a diferencia del contrato de obra), sino una actividad general del prestador, quien la ejerce en beneficio del comitente y por en cargo de éste. Se tratará, así, de una conducta que no produce cosas corporales ni se contempla en la materialidad de sus resultados, sino en cuanto generadora de beneficios y ayudas no relacionadas con cosas concretas que definan la tarea.

En este sentido, este contrato comprende la prestación de cualquier servicio, en general, salvo aquéllos que tradicionalmente tienen una disciplina específica y una figura propia (como podría ser el contrato de agencia, en el que el profesional se compromete a llevar a cabo la promoción y la conclusión de cualquier acto de comercio por cuenta de un empresario). Ello claro está que ese servicio objeto del contrato reúna los requisitos generales del objeto de cualquier contrato, como son su licitud, su posibilidad y su determinación o determinabilidad.

En segundo lugar, el objeto del arrendamiento de servicios está constituido por el PRECIO a pagar por quien recibe esos servicios. Este precio podrá estar determinado o no por completo en el momento de celebración del contrato, puesto que podrá depender de la propia actividad a desarrollar (por ejemplo por la mayor o menor complejidad del procedimiento judicial para cuya llevanza ha sido contratado un abogado). En todo caso es importante que que la determinación final del precio no quede al simple arbitrio del prestador del servicio, aunque muchas veces le corresponda a él fijar los honorarios . Desde este punto de vista, es importante la existencia y utilización de pautas orientadoras, procedentes bien del uso o costumbre del lugar en que se prestan los servicios, bien de normas corporativas de carácter orientativo sobre honorarios (como podrían ser las procedentes del colegio de abogados). 

Del mismo modo hay que señalar que aunque la fijación de los honorarios corresponda al profesional, quien contrata con él siempre podrá impugnarlos por excesivos, a cuyos efectos esas pautas orientadoras pueden ser igualmente de utilidad (Sentencia 107/2007, de 16 de febrero de 2007 ).

Bibliografía:

- ALBALADEJO y DÍAZ-ALABART (directores), Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, Madrid, EDERSA,
diversos tomos, volúmenes y ediciones.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (coordinador), Comentarios al Código Civil, Pamplona, THOMSON/ARANZADI.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (director), Tratado de contratos, Valencia, 2009.
- CASTÁN TOBEÑAS, Derecho civil español común y foral, Madrid, diversos tomos, volúmenes y ediciones.
-DÍEZ-PICAZO, Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial I, II y IV, Cizur Menor, THOMSON/CIVITAS. 

sábado, 13 de octubre de 2012

III. LA REGULACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS.

En cuanto a su regulación, nuestro Código Civil, además de contemplar la figura del arrendamiento de servicios en el artículo 1544 junto al de obras, regula en los artículos 1583 a 1587 el servicio de criados y trabajadores asalariados (tal es la obsoleta terminología del CC). Estos artículos, a pesar de estar incluidos por el Código en la regulación del arrendamiento de servicios, no son aplicables a dicho contrato por diferenciarse actualmente, desde que surgió un Derecho y una legislación específica para la relación laboral asalariada, entre la relación laboral asalariada y la derivada de la prestación de servicios de forma autónoma. Por otra parte, en materia de trabajo asalariado estos artículos deberían considerarse tácitamente derogados por la legislación laboral   ya que el trabajo asalariado está regulado por el Estatuto de los Trabajadores y demás normativa especial laboral. 


Por lo tanto nos encontramos con unos artículos y una regulación del arrendamiento de servicios ya obsoleta que regula erróneamente las relaciones laborales asalariadas dentro del ámbito de la simple prestación de servicios por cuenta propia toda vez que ambos tipos de relaciones tienen en la actualidad unas notas y una regulación claramente diferenciadas.

Hay que decir a este respecto que el arrendamiento de servicios encuentra hoy su verdadero campo de aplicación en el ámbito de los servicios no laborales, prestados por profesionales (liberales o no), artistas, artesanos o empresas dedicadas a la prestación de determinados servicios. De entre ellos, tienen especial relevancia los servicios prestados por profesionales liberales (médicos, abogados, procuradores, economistas, intermediarios de diverso tipo, arquitectos, ingenieros,etc.). A falta de una regulación específica aplicable a estos servicios, tales contratos se rigen, además de por la voluntad de los contratantes, por los usos y costumbres, las reglas generales sobre obligaciones y contratos del Código Civil y, en su caso, por las reglas específicas de carácter profesional o corporativo (la proveniente de los Colegios Profesionales, los Estatutos profesionales, y, en su caso, los códigos deontológicos).



Bibliografía:

- ALBALADEJO y DÍAZ-ALABART (directores), Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, Madrid, EDERSA,
diversos tomos, volúmenes y ediciones.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (coordinador), Comentarios al Código Civil, Pamplona, THOMSON/ARANZADI.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (director), Tratado de contratos, Valencia, 2009.
- CASTÁN TOBEÑAS, Derecho civil español común y foral, Madrid, diversos tomos, volúmenes y ediciones.
-DÍEZ-PICAZO, Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial I, II y IV, Cizur Menor, THOMSON/CIVITAS. 

II. EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS: CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.

De acuerdo con el artículo 1544 del Código Civil, el contrato de servicios es aquel contrato en cuya virtud uno de los contratantes se obliga a prestar al otro un determinado servicio a cambio de un precio cierto.

Como características principales de este contrato podemos señalar que el contrato de arrendamiento de servicios es:

1º)  Un contrato consensual, ya que se perfecciona y es plenamente eficaz por el mero consentimiento de las partes. No se pierde esta característica ni aun en el supuesto en el que para realizar el servicio deba entregarse alguna cosa al arrendatario, es decir, no se transforma en un contrato real, los cuales se perfeccionan mediante la entrega de la cosa objeto del contrato.

2º) Un contrato bilateral, ya que hace que surjan obligaciones recíprocas para ambas partes del contrato; obligaciones que analizaremos cuando veamos el contenido del arrendamiento de servicios. Entre ellas las más importante serán la de llevar a cabo los servicios comprometidos y la correlativa de pagar un precio por esos servicios.

3º) Un contrato oneroso, ya que la parte que reciba los servicios tiene que pagar un precio. Si falta dicho precio no existirá arrendamiento de servicios.

4º) Un contrato conmutativo, ya que se supone que el valor de las dos prestaciones, la prestación de los servicios y el precio a entregar, es equivalente.

3º) Un contrato no formal que no requiere para su perfección ninguna forma determinada. Rige en toda su integridad el artículo 1278 del Código Civil, según el cual "Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez". Por lo tanto se podrá celebrar de forma escrita u oral, aunque la forma escrita siempre facilitará su prueba. Por lo tanto será una forma ad probationem, meramente declarativa y no constitutiva.



Bibliografía:


- ALBALADEJO y DÍAZ-ALABART (directores), Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, Madrid, EDERSA,
diversos tomos, volúmenes y ediciones.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (coordinador), Comentarios al Código Civil, Pamplona, THOMSON/ARANZADI.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (director), Tratado de contratos, Valencia, 2009.
- CASTÁN TOBEÑAS, Derecho civil español común y foral, Madrid, diversos tomos, volúmenes y ediciones.
-DÍEZ-PICAZO, Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial I, II y IV, Cizur Menor, THOMSON/CIVITAS. 





sábado, 6 de octubre de 2012

I. EL ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS Y LA REGULACIÓN DEL TRABAJO LIBRE Y POR CUENTA AJENA EN LA HISTORIA.

Desde un punto de vista histórico cabe distinguir tres grandes etapas en la figura del arrendamiento de servicios: 1) La de la regulación del arrendamiento de servicios (locatio conductio operarum) en las fuentes romanas; 2) la de su regulación durante el Antiguo Régimen; y 3) la de su regulación durante la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

1.- El arrendamiento de servicios en la época romana: la locatio conductio operarum.

Durante los tiempos de Roma los servicios prestados por los trabajadores en régimen de libertad y por cuenta ajena se prestaban a través de esta figura que es la locatio conductio operarum. La locatio conductio operarum o arrendamiento de servicios consistía en una prestación de servicios remunerada y por cuenta ajena mediante la cual el locator o trabajador se comprometía a realizar personalmente y de forma libre un trabajo por cuenta y bajo la dirección del conductor, del cual recibía una remuneración. Para exigir esa remuneración el locator contaba con la actio locati y para exigir el cumplimiento diligente y bajo sus órdenes del trabajo el conductor contaba con la actio conductio.

2.- El arrendamiento de servicios durante el Antiguo Régimen.

Durante la Edad Media la regulación de la prestación libre de servicios se dió en un primer momento a través del Código de las Siete Partidas de Alfonso X "el sabio", del siglo XIII. Así, en el título 8 de la quinta partida se regulaba el tema de "los logueros, e de los arrendamientos" y se hablaba de quienes alquilaban sus servicios como "menestrales", etc. 

Sobre este primer molde jurídico genérico incidió después la legislación a partir del siglo XIV. Esta legislación posterior resulta accesible y manejable a través de la Novissima Recopilación de las Leyes de España, de 1805, recopilación que distinguía en su regulación tres situaciones de hecho distintas durante el Antiguo Régimen.

En primer lugar, la situación de los "menestrales y jornaleros", a través de cuatro leyes recopiladas, las cuatro del siglo XIV. Se refiere aquí a los servicios prestados por carpinteros, obreros, albañiles, jornaleros, etc. 

En segundo lugar, la situación de los "criados", a través de siete leyes recopiladas de los siglos XV, XVII y XVIII. Se trataba de trabajadores libres pero en situación de algún modo próxima a la de los esclavos, pues en alguna de estas leyes puede leerse, por ejemplo, que el criado que se despidiera de su amo no podía servir a otro señor en el mismo lugar sin expreso consentimiento del amo de quien se despidió.

En tercer lugar, la situación "de los oficios, sus maestros y oficiales", a través de dieciséis leyes, de los siglos XVI, XVII y XVIII, leyes éstas reguladoras del trabajo libre que prestaban en los gremios a los maestros (zapateros, sastres, plateros, etc) los aprendices y oficiales que dichos maestros tenían contratados en sus talleres.

3.- La regulación del arrendamiento de servicios en el Código Civil.

El Código Civil de 1851 regula ya separadamente y ordenadamente el arrendamiento de cosa, la ejecución de obra y el arrendamiento de servicios; éste último bajo la rúbrica "Del servicio de criados y trabajadores asalariados", en sus artículos 1583 a 1587.

Estos cinco preceptos del Código Civil regulan tres tipos distintos de arrendamiento de servicios, que son el arrendamiento de servicios doméstico (llamando a estos arrendadores de sus propios servicios "criados domésticos", y a su arrendatario "amo"), el arrendamiento de servicios agrícola (llamando a los arrendadores de estos servicios "criados de labranza") y el arrendamiento de servicios industrial (que se refiere a estos arrendadores de sus servicios como "menestrales, artesanos y demás trabajadores asalariados"). Además, condicionado por los pleitos sobre esclavos negros de nuestros territorios ultramarinos que coetáneamente a su promulgación todavía se seguían resolviendo por el TS, el Código Civil se vió obligado a afirmar en esta regulación -para salvaguardar el principio de libertad de trabajo, inaplicable a los verdaderos esclavos- que "el arrendamiento de servicios hecho para toda la vida es nulo".



Bibliografía:

 ALBALADEJO, Derecho Civil II, vols. 1 y 2, Barcelona.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Manual de Derecho civil: Obligaciones y Manual de Derecho civil: Contratos, Madrid.
- DE PABLO CONTRERAS, MARTÍNEZ DE AGUIRRE, PÉREZ ÁLVAREZ, PARRA LUCÁN, Curso de Derecho Civil II:
Derecho de obligaciones, Madrid.

miércoles, 3 de octubre de 2012

PRÁCTICA Nº 1


PRÁCTICA Nº 1.

Exponer las modificaciones del Código Civil que efectuó la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modificó el Código Civil en materia matrimonial.

El artículo único de la Ley 13/2005 derogó y modificó los artículos 44, 66, 67, 154,160, 164,175, 178, 637, 1323, 1344, 1348, 1341, 1361, 1365, 1404 y 1458 del CC, que quedaron redactados de la siguiente manera después de la reforma:

Art. 44 CC à El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código.

El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo.

Art. 66 CC à Los cónyuges son iguales en derechos y deberes.

Art. 67 CC à Los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia.

Art. 154 CC à  Los hijos no emancipados están bajo la potestad de los padres.

La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a su integridad física y psicológica.

Esta potestad comprende los siguientes deberes y facultades:
1.      Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral.
2.      Representarlos y administrar sus bienes.

Si los hijos tuvieren suficiente juicio deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten.

Los padres podrán, en el ejercicio de su potestad, recabar el auxilio de la autoridad.

Art. 160 CC à  Los progenitores, aunque no ejerzan la patria potestad, tienen el derecho de relacionarse con sus hijos menores, excepto con los adoptados por otro o conforme a lo dispuesto en resolución judicial.

No podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del hijo con sus abuelos y otros parientes y allegados.

En caso de oposición, el juez, a petición del menor, abuelos, parientes o allegados, resolverá atendidas las circunstancias. Especialmente deberá asegurar que las medidas que se puedan fijar para favorecer las relaciones entre abuelos y nietos, no faculten la infracción de las resoluciones judiciales que restrinjan o suspendan las relaciones de los menores con alguno de sus progenitores.

Art. 164 CC à Los padres administrarán los bienes de los hijos con la misma diligencia que los suyos propios, cumpliendo las obligaciones generales de todo administrador y las especiales establecidas en la Ley Hipotecaria.

Se exceptúan de la administración paterna:
1.      Los bienes adquiridos por título gratuito cuando el disponente lo hubiere ordenado de manera expresa. Se cumplirá estrictamente la voluntad de éste sobre la administración de estos bienes y destino de sus frutos.
2.       Los adquiridos por sucesión en que uno o ambos de los que ejerzan la patria potestad hubieran sido justamente desheredados o no hubieran podido heredar por causa de indignidad, que serán administrados por la persona designada por el causante y, en su defecto y sucesivamente, por el otro progenitor o por un administrador judicial especialmente nombrado.
3.      Los que el hijo mayor de dieciséis años hubiera adquirido con su trabajo o industria. Los actos de administración ordinaria serán realizados por el hijo, que necesitará el consentimiento de los padres para los que excedan de ella.

Art. 175 CC à1. La adopción requiere que el adoptante sea mayor de veinticinco años. En la adopción por ambos cónyuges basta que uno de ellos haya alcanzado dicha edad. En todo caso, el adoptante habrá de tener, por lo menos, catorce años más que el adoptado.

2. Únicamente podrán ser adoptados los menores no emancipa dos. Por excepción, será posible la adopción de un mayor de edad o de un menor emancipado cuando, inmediatamente antes de la emancipación, hubiere existido una situación no interrumpida de acogimiento o convivencia, iniciada antes de que el adoptando hubiere cumplido los catorce años.

3. No puede adoptarse:
1.      A un descendiente.
2.      A un pariente en segundo grado de la línea colateral por consanguinidad o afinidad.
3.      A un pupilo por su tutor hasta que haya sido aprobada definitivamente la cuenta general justificada de la tutela.

4.  Nadie puede ser adoptado por más de una persona, salvo que la adopción se realice conjunta o sucesivamente por ambos cónyuges. El matrimonio celebrado con posterioridad a la adopción permite al cónyuge la adopción de los hijos de su consorte. En caso de muerte del adoptante, o cuando el adoptante sufra la exclusión prevista en el artículo 179, es posible una nueva adopción del adoptado.

art. 178 CCà1. La adopción produce la extinción de los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia anterior.

2.  Por excepción subsistirán los vínculos jurídicos con la familia del progenitor que, según el caso, corresponda:
1.      Cuando el adoptado sea hijo del cónyuge del adoptante, aunque el consorte hubiere fallecido.
2.      Cuando sólo uno de los progenitores haya sido legalmente determinado, siempre que tal efecto hubiere sido solicitado por el adoptante, el adoptado mayor de doce años y el progenitor cuyo vínculo haya de persistir.

3. Lo establecido en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de lo dispuesto sobre impedimentos matrimoniales.

art. 637 CC à Cuando la donación hubiere sido hecha a varias personas conjuntamente, se entenderá por partes iguales; y no se dará entre ellas el derecho de acrecer, si el donante no hubiese dispuesto otra cosa.

Se exceptúan de esta disposición las donaciones hechas conjuntamente a ambos cónyuges, entre los cuales tendrá lugar aquel derecho, si el donante no hubiese dispuesto lo contrario.

Artículo 1323 CC à Los cónyuges podrán transmitirse por cualquier título bienes y derechos y celebrar entre sí toda clase de contratos.

Artículo 1344 CC à Mediante la sociedad de gananciales se hacen comunes para los cónyuges las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos, que les serán atribuidos por mitad al disolverse aquella.

Artículo 1348 CC à Siempre que pertenezca privativamente a uno de los cónyuges una cantidad o crédito pagadero en cierto número de años, no serán gananciales las sumas que se cobren en los plazos vencidos durante el matrimonio, sino que se estimarán capital de uno u otro cónyuge, según a quien pertenezca el crédito.

Artículo 1351 CC à Las ganancias obtenidas por cualquiera de los cónyuges en el juego o las procedentes de otras causas que eximan de la restitución pertenecerán a la sociedad de gananciales.

Artículo 1361 CC à Se presumen gananciales los bienes existentes en el matrimonio mientras no se pruebe que pertenecen privativamente a uno de los dos cónyuges.

Artículo 1365 CC à Los bienes gananciales responderán directamente frente al acreedor de las deudas contraídas por un cónyuge:
1.      En el ejercicio de la potestad doméstica o de la gestión o disposición de gananciales, que por ley o por capítulos le corresponda.
2.      Redacción según Ley 13/2005, de 1 de julio. En el ejercicio ordinario de la profesión, arte u oficio o en la administración ordinaria de los propios bienes. Si uno de los cónyuges fuera comerciante, se estará a lo dispuesto en el Código de Comercio.

Artículo 1404 CC à Hechas las deducciones en el caudal inventariado que prefijan los artículos anteriores, el remanente constituirá el haber de la sociedad de gananciales, que se dividirá por mitad entre los cónyuges o sus respectivos herederos.

Artículo 1458 CC à  Los cónyuges podrán venderse bienes recíprocamente.

Antes de esta reforma dichos artículos estaban redactados de la siguiente manera:

Art. 44 CC à El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código.

Art. 66 CC à El marido y la mujer son iguales en derechos y deberes.

Art. 67 CC à El marido y la mujer deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia.

Art. 154 CC à  Los hijos no emancipados están bajo la potestad del padre y la madre.

La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos de acuerdo con su personalidad, y comprende los siguientes deberes y facultades:
1.      Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral.
2.      Representarlos y administrar sus bienes.

Si los hijos tuvieren suficiente juicio deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten.

Los padres podrán en el ejercicio de su potestad recabar el auxilio de la autoridad. Podrán también corregir razonable y moderadamente a los hijos.

Art. 160 CC à El padre y la madre, aunque no ejerzan la patria potestad, tienen el derecho de relacionarse con sus hijos menores, excepto con los adoptados por otro o conforme a lo dispuesto en resolución judicial.

No podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del hijo con sus abuelos y otros parientes y allegados.

En caso de oposición, el juez, a petición del menor, abuelos, parientes o allegados, resolverá atendidas las circunstancias. Especialmente deberá asegurar que las medidas que se puedan fijar para favorecer las relaciones entre abuelos y nietos, no faculten la infracción de las resoluciones judiciales que restrinjan o suspendan las relaciones de los menores con alguno de sus progenitores.

Art. 164 CC à  Los padres administrarán los bienes de los hijos con la misma diligencia que los suyos propios, cumpliendo las obligaciones generales de todo administrador y las especiales establecidas en la Ley Hipotecaria.

Se exceptúan de la administración paterna:
1.      Los bienes adquiridos por título gratuito cuando el disponente lo hubiere ordenado de manera expresa. Se cumplirá estrictamente la voluntad de éste sobre la administración de estos bienes y destino de sus frutos.
2.      Los adquiridos por sucesión en que el padre, la madre o ambos hubieran sido justamente desheredados o no hubieran podido heredar por causa de indignidad, que serán administrados por la persona designada por el causante y, en su defecto y sucesivamente, por el otro progenitor o por un Administrador judicial especialmente nombrado.
3.      Los que el hijo mayor de dieciséis años hubiera adquirido con su trabajo o industria. Los actos de administración ordinaria serán realizados por el hijo, que necesitará el consentimiento de los padres para los que excedan de ella.

Art. 175 CC à 1. La adopción requiere que el adoptante sea mayor de veinticinco años. En la adopción por ambos cónyuges basta que uno de ellos haya alcanzado dicha edad. En todo caso, el adoptante habrá de tener, por lo menos, catorce años más que el adoptado.

2. Unicamente podrán ser adoptados los menores no emancipa dos. Por excepción, será posible la adopción de un mayor de edad o de un menor emancipado cuando, inmediatamente antes de la emancipación, hubiere existido una situación no interrumpida de acogimiento o convivencia, iniciada antes de que el adoptando hubiere cumplido los catorce años.

3. No puede adoptarse:
1.      A un descendiente.
2.      A un pariente en segundo grado de la línea colateral por consanguinidad o afinidad.
3.      A un pupilo por su tutor hasta que haya sido aprobada definitivamente la cuenta general justificada de la tutela.

4. Fuera de la adopción por ambos cónyuges, nadie puede ser adoptado por más de una persona. En caso de muerte del adoptante, o cuando el adoptante sufra la exclusión prevista en el artículo 179, es posible una nueva adopción del adoptado.

art. 178 CCà 1. La adopción produce la extinción de los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia anterior.

2. Por excepción subsistirán los vínculos jurídicos con la familia paterna o materna, según el caso:
1.      Cuando el adoptado sea hijo del cónyuge del adoptante, aunque el consorte hubiere fallecido.
2.      Cuando sólo uno de los progenitores haya sido legalmente determinado y el adoptante sea persona de distinto sexo al de dicho progenitor, siempre que tal efecto hubiere sido solicitado por el adoptante, el adoptado mayor de doce años y el padre o madre cuyo vínculo haya de persistir.

3. Lo establecido en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de lo dispuesto sobre impedimentos matrimoniales.

art. 637 CC à Cuando la donación hubiere sido hecha a varias personas conjuntamente, se entenderá por partes iguales; y no se dará entre ellas el derecho de acrecer, si el donante no hubiese dispuesto otra cosa. Se exceptúan de esta disposición las donaciones hechas conjuntamente a marido y mujer, entre los cuales tendrá lugar aquel derecho si el donante no hubiese dispuesto lo contrario.

Artículo 1323 CC à El marido y la mujer podrán transmitirse por cualquier título bienes y derechos y celebrar entre si toda clase de contratos.

Artículo 1344 CC à Mediante la sociedad de gananciales se hacen comunes para el marido y la mujer las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos, que le serán atribuidos por mitad al disolverse aquélla.

Artículo 1348 CC à Siempre que pertenezcan privativamente a uno de los cónyuges una cantidad o crédito pagaderos en cierto número de años, no serán gananciales las sumas que se cubren en los plazos vencidos durante el matrimonio, sino que se estimarán capital del marido o de la mujer, según a quien pertenezca el crédito.

Artículo 1351 CC à Las ganancias obtenidas por el marido o la mujer en el juego o las procedentes de otras causas que eximan de la restitución, pertenecerán a la sociedad de gananciales.

Artículo 1361 CC à Se presumen gananciales los bienes existentes en el matrimonio mientras no se pruebe que pertenecen privativa mente al marido o a la mujer.

Artículo 1365 CC à Los bienes gananciales responderán directamente frente al acreedor de las deudas contraídas por un cónyuge:
1.      En el ejercicio de la potestad doméstica o de la gestión o disposición de gananciales, que por ley o por capítulos le corresponda.
2.      En el ejercicio ordinario de la profesión, arte u oficio o en la administración de los bienes propios.

Si el marido o la mujer fueran comerciantes, se estará a lo dispuesto en el Código de Comercio.

Artículo 1404 CC à Hechas las deducciones en el caudal inventariado que prefijan los artículos anteriores, el remanente constituirá el haber de la sociedad de gananciales, que se dividirá por mitad entre marido y mujer o sus respectivos herederos.

Artículo 1458 CC à  El marido y la mujer podrán venderse bienes recíprocamente.