sábado, 24 de noviembre de 2012

EL CONSEJO DEL TRABAJADOR AUTÓNOMO

El 28 de Diciembre de 2010 se publicó en el BOE el Real Decreto 1613/2010 por el que se creaba y regulaba el Consejo de la representatividad de las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos en el ámbito estatal y se establecía la composición y régimen de funcionamiento y organización del Consejo del Trabajo Autónomo.

Ya el Estatuto del Trabajo Autónomo, aprobado por la Ley 20/2007, de 11 de julio, hacía referencia en su artículo 22 a la constitución del Consejo del Trabajo Autónomo, órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y profesional. Si bien el precepto regulaba aspectos básicos del mismo, el apartado 6 preveía que mediante disposición reglamentaria se debía desarrollar la composición y régimen de funcionamiento de dicho órgano. Es por eso que se publicó este RD que tiene por objeto regular tales cuestiones.

A través de este RD se creaba, así,  el Consejo de la representatividad de las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos como órgano colegiado que tiene como fin representar a las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos en el ámbito estatal. Este Consejo se adscribe al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a través de la Secretaría de Empleo.
El Consejo está compuesto por cinco miembros, tres de los cuales deberán tener la condición de personal funcionario del Ministerio de Trabajo e Inmigración, y dos serán personas expertas de reconocido prestigio, imparciales e independientes. El nombramiento del personal integrante del Consejo correrá a cargo de la persona que ostente la titularidad de la Secretaría de Estado de Empleo.
El Consejo tendrá la facultad de declarar la condición de asociación profesional representativa de trabajadores autónomos en el ámbito estatal, por un periodo de cuatro años, según convocatoria pública. Para el cumplimiento de este fin el Consejo de la representatividad de las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos tendrá, las siguientes facultades:
  • Dictar resolución de condición de asociación profesional representativa de trabajadores autónomos en el ámbito estatal. Para ello, el Consejo examinará la documentación aportada por las asociaciones profesionales concurrentes a la convocatoria y la valorará en su conjunto.
  • Solicitar a través del órgano competente la documentación oportuna a las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos.
  • Recabar y analizar la información disponible en el Registro Estatal de Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos.
  • Cualesquiera otras que coadyuven a la acreditación y declaración de la condición de asociación representativa de trabajadores autónomos en el ámbito estatal.
El Consejo de Representatividad está investido de autonomía técnica, con el fin de garantizar la objetividad en el desarrollo de sus facultades.
Además el RD estipula la creación del Consejo del Trabajador Autónomo como órgano  consultivo, para asesorar al Gobierno en materia socioeconómica y profesional del trabajo autónomo, mediante el desempeño de las funciones que tiene legalmente asignadas. El Consejo del Trabajo Autónomo tambián tiene ámbito estatal y está adscrito al Ministerio de Trabajo e Inmigración a través de la Secretaría de Estado de Empleo, al igual que el Consejo de la representatividad.
De esta manera la creación de estos dos consejos redundó en una mayor consideración hacia la labor y los derechos de los trabajadores autónomos que, en ese momento, era el régimen con máyores carencias y que necesitaba una gran reforma. La propia idiosincrasia de este colectivo había impedido hasta entonces tener un órgano de representatividad con la suficiente fortaleza para poder defender sus derechos y reivindicaciones ya que las organizaciones empresariales habían estado más pendientes de las grandes empresas que de este colectivo. Ya en mayo de 2010 el Ministerio de Trabajo había dicho que la CEOE no representaba a los trabajadores autónomos y había retirado todas las subvenciones dadas a esta organización empresarial dedicadas a la formación de estos trabajadores.

sábado, 17 de noviembre de 2012

V. EL ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS. CAPACIDAD DE LAS PARTES Y CONTENIDO.

Como vimos al hablar del concepto del arrendamiento de servicios, existen dos partes en este contrato: una parte arrendadora, que es aquella a cuyo favor se realiza la actividad pactada y que debe pagar un precio por esa actividad, y una parte arrendataria, que es la persona o personas que deben realizar la actividad pactada a favor del arrendador (art. 1544 del Código Civil)

El Código Civil no determina en la regulación de este arrendamiento ninguna capacidad especial para la celebración de este contrato, por lo que se aplicarán las disposiciones relativas a la capacidad para contratar en general. Es decir, bastará con ser un menor emancipado y no estar incapacitado judicialmente para realizar este tipo de contratos.

En lo que se refiere al contenido del contrato de arrendamiento de servicios, en este tipo de contrato, se dan las siguientes obligaciones (que ya mencionamos al hablar del objeto de este contrato y cuyo contenido completamos ahora):

A. OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO.

Su obligación principal consiste en la prestación del servicio, en la realización de una actividad de medios, regido por los principios de las obligaciones de hacer.

Como regla general se ha de prestar el servicio personalmente, porque es usual la celebración de este contrato en contemplación a las cualidades del que ha de prestarlo, y de una manera que sea conforme a los usos profesionales. Tales usos integran en gran medida el contenido contractual (art. 1258), por no ser normal la redacción previa del modo en que el arrendatario ha de prestar el servicio. La prestación personal no excluye, por supuesto, la posibilidad de valerse de auxiliares o colaboradores, pero bajo la directa supervisión y responsabilidad del arrendatario.

Del mismo modo la diligencia exigible en el cumplimiento de la obligación no es la del buen padre de familia (art. 1104), sino las reglas del arte o profesión. Son clásicos los aforismos spondet peritiam artis e imperitia culpae ennumerantur. El prestatario responderá de su pericia en el arte u oficio, asimilándose la impericia a la culpa, pero siempre en función de la naturaleza de la obligación y de las circunstancias de personas, tiempo y lugar, como manda el art. 1.104 del Código Civil.

De ahí que el profesional responde si no aplica las técnicas conocidas, o no se adecúa su conducta al estado actual de la ciencia que practica.

Será al acreedor o arrendador a quien corresponda la prueba de esa negligencia, y si lo que se discute es si los servicios se prestaron o no, al arrendatario le corresponderá probar que se prestaron.

También pesa sobre el acreedor del servicio la carga o deber accesorio de cooperar al cumplimiento del prestatario poniéndolo en condiciones de cumplir, de que su trabajo sea provechoso. Caso de incumplimiento, el deudor que no lo pueda ejecutar por ello podrá resolver el contrato con las correspondientes indemnizaciones (por gastos adelantados, etc).

B. OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR.

La obligación principal del arrendador es la de pagar la contraprestación. El artículo 1544 habla a este respecto de "precio cierto".

La prestación por un profesional de los servicios propios de su profesión constituye una presunción de que la otra parte se obliga a remunerarlos, presunción que será iuris tantun, por lo que, a falta de acuerdo escrito, cabrá probar lo contrario. 

Por lo que se refiere a la determinación del precio, éste podrá pactarse de forma expresa por las partes, y, en caso de que no lo hagan, el precio vendrá determinado por el uso o costumbre vigente en el lugar en  que se presten los servicios o de acuerdo a las tarifas o baremos orientadores que determine el Colegio profesional correspondiente.

La retribución podrá ser de cualquier clase. No ha de consistir necesariamente en dinero, pues, de una parte, el art. 1544 se limita a hablar de "precio" sin especificar si debe ser dinerario o no, y, de otra, se entiende que será el válido el cambio de servicios por cualquier prestación de cosas o también de servicios, al amparo del art. 1255.

Bibliografía:

- ALBALADEJO, Derecho Civil II, vols. 1 y 2, Barcelona.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Manual de Derecho civil: Obligaciones y Manual de Derecho civil: Contratos, Madrid.

lunes, 5 de noviembre de 2012

DERECHOS FUNDAMENTALES CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.

El listado de libertades y derechos fundamentales de la Constitución Española se contiene en el Título I, Capítulo II, sección primera, artículos 15-29, y son:

- El derecho a la vida (art. 15 CE)
- El derecho a la integridad física y  moral (art. 15 CE)
- La libertad religiosa y de culto (art. 16 CE).
- El derecho a la libertad (art. 17 CE).
- El derecho a la seguridad (art. 17 CE).
- El derecho al honor (art. 18 CE).
- El derecho a la intimidad personal y familiar, manifestado en la inviolabilidad del domicilio y el secreto de              las comunicaciones. (art. 18 CE).
- El derecho a la propia imagen (art. 18 CE).
- Libertad de circulación y residencia en territorio nacional (art. 19 CE).
- El derecho a entrar y salir libremente de territorio español (art. 19 CE).
- La libertad de expresión (art. 20 CE).
- El derecho a la creación y producción literaria, artística, científica y técnica (art. 20 CE).
- La libertad de cátedra (art. 20 CE).
- Libertad de prensa (art. 20 CE).
- El derecho de reunión (art. 21 CE).
- La libertad de asociación (art. 22 CE).
- El derecho de sufragio activo y pasivo (art. 23 CE).
- El derecho al acceso a la función pública (art. 23 CE).
- El derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE).
- El derecho a defensa y asistencia jurídica (art. 24 CE).
- El derecho a la educación (art. 27 CE).
- La libertad de enseñanza (art. 27 CE).
- La libertad de creación de centros docentes (art. 27 CE).
- La libertad sindical (art. 28 CE).
- El derecho a huelga (art. 28 CE).
- El derecho de petición (art. 29 CE).

Todos estos derechos vinculan a todos los poderes públicos y gozan de una tutela especial a través de un procedimiento preferente y sumario y a través de la posibilidad de interponer un recurso de amparo ante el TC por su violación (art. 53 CE).

Por otra parte la importancia de estos derechos y libertades fundamentales se ve en que su regulación deberá ir siempre por Ley Orgánica (art. 81.1 CE).

sábado, 3 de noviembre de 2012

LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE LOS ABOGADOS.

En relación al objeto del arrendamiento de servicios hemos visto cómo la parte del contrato que ha recibido los servicios está obligada a entregar un precio a la persona que los ha prestado. Un ejemplo práctico en este aspecto podría ser el de los honorarios cobrados por los abogados por la prestación de sus servicios. En este tema es interesante aclarar varias cuestiones.

En primer lugar cabría preguntarse si las normas sobre honorarios profesionales aprobadas por los respectivos colegios profesionales obligan a aquellos que están colegiados y practican esa profesión o si en un momento determinado podrían apartarse de esas normas a la hora de cobrar a su cliente. Hay que decir a este respecto que la respuesta es negativa. Actualmente las normas de los distintos Colegios contienen un baremo orientador. Se trata sólo de criterios orientativos que podrán guiar al profesional en sus tarifas.

Esta potestad colegial a la hora de fijar unos honorarios mínimos fue suprimida por la Ley 7/1997 de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios Profesionales, que en su Exposición de Motivos confirma la eliminación de dicha potestad ya anunciada en el Real Decreto-Ley de 1996 que dió lugar a dicha ley.

Conforme a lo anterior, el Estatuto de la Abogacía, aprobado por el Real Decreto 658/2001, de 22 de junio señaló en su Exposición de Motivos que, a pesar de que en el anterior Estatuto se admitía la potestad de los Colegios Profesionales a la hora de fijar los honorarios mínimos que debía pagar el cliente al abogado, en este nuevo Estatuto se eliminaba dicha potestad, dejando sólo a los Colegios la posibilidad de fijar unos  honorarios orientativos, todo ello para permitir una mayor competencia y mejora de los servicios ofertados. 

El artículo 44 de este Estatuto reconoce el derecho de los abogados a una compensación económica por los servicios prestados, así como al reintegro de los gastos que se le pudieran ocasionar. De este artículo se deriva, por otra parte, que el abogado tendrá libertad a la hora de fijar sus tarifas, lo cual podrá hacer de común acuerdo con el cliente y siempre sin infringir las normas deontológicas y sobre competencia desleal. En caso de que no haya una tarifa puesta por el abogado unilateralmente o por acuerdo con el cliente se podrán tener en cuenta los baremos que establezca el colegio de abogados en cuyo ámbito actúe el abogado. Estas reglas de fijación de honorarios se aplicarán de acuerdo a las reglas, usos y costumbres de dicho colegio y se aplicarán siempre supletoriamente a lo convenido por las partes.

De todas maneras, siempre es aconsejable pedir un presupuesto antes de contrastar los servicios de un abogado, en el que deberán detallarse las actuaciones que cubre y cuáles son los costes de procuradores o notarios si se diera el caso.

Un tema relacionado con el de los honorarios es el de la Provisión de fondos. Puede ocurrir que un abogado solicite de su cliente cantidades de dinero en concepto de fondos a cuenta de gastos previsibles en relación al caso o de sus honorarios. Esto suele suceder normalmente y cuando alguien contrata con un abogado se suele entregar una provisión de fondos. 

Otro aspecto relacionado con el cobro de honorarios es la cuestión de si un abogado puede o no acordar con un cliente que únicamente cobrará un porcentaje de lo que obtengan de la resolución del caso. Esta práctica se denomina pacto de cuota litis y estaba expresamente prohibida hasta  2008 por el Estatuto General de la Abogacía (art. 44.3) así como por su código deontológico aprobado por el Consejo General de la Abogacía Española (art. 16). Por tanto, cliente y abogado no pueden pactar con anterioridad a la conclusión del caso que el abogado únicamente percibirá un porcentaje de lo que se obtenga a la resolución del mismo. 

Esta prohibición tenía su sentido en el principio deontológico tradicional de que "el abogado nunca debe ser socio del cliente en sus pleitos", sino que debe haber una separación entre los intereses del cliente y la labor llevada a cabo por el abogado.

No se consideraba, sin embargo, "cuota litis" y por tanto estaba permitido aquel acuerdo entre abogado y cliente por el que se prevén unos honorarios alternativos que tengan en cuenta el resultado del caso, siempre que se prevea una cantidad que cubra como mínimo los costes del servicio prestado por el abogado en el supuesto de que los resultados del caso sean adversos.

Sin embargo, tras la Sentencia del Tribunal Supremo del 4 de noviembre de 2008 el pacto de cuota litis es libre, quedando sin efecto tanto el art. 16 del Código deontológico como el art. 44.3 del Estatuto. El argumento básico de esta sentencia es la contradicción de estos preceptos con el principio de libre competencia.





Enlaces de interés:

Artículo sobre el final de la prohibición del pacto de cuota litis

Artículo doctrinal sobre los honorarios de los abogados de Héctor Taillefer De Haya (abogado)

La fijación de honorarios de los abogados (practicajuridicayempresarial.blogspot.com.es)

Aula virtual: Cómo contabilizar la provisión de fondos de un abogado

Para consultar sobre honorarios en el Ilustre Colegio de Abogados de Vizcaya