En relación al objeto del arrendamiento de servicios hemos visto cómo la parte del contrato que ha recibido los servicios está obligada a entregar un precio a la persona que los ha prestado. Un ejemplo práctico en este aspecto podría ser el de los honorarios cobrados por los abogados por la prestación de sus servicios. En este tema es interesante aclarar varias cuestiones.
En primer lugar cabría preguntarse si las normas sobre honorarios profesionales aprobadas por los respectivos colegios profesionales obligan a aquellos que están colegiados y practican esa profesión o si en un momento determinado podrían apartarse de esas normas a la hora de cobrar a su cliente. Hay que decir a este respecto que la respuesta es negativa. Actualmente las normas de los distintos Colegios contienen un baremo orientador. Se trata sólo de criterios orientativos que podrán guiar al profesional en sus tarifas.
Esta potestad colegial a la hora de fijar unos honorarios mínimos fue suprimida por la Ley 7/1997 de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios Profesionales, que en su Exposición de Motivos confirma la eliminación de dicha potestad ya anunciada en el Real Decreto-Ley de 1996 que dió lugar a dicha ley.
Conforme a lo anterior, el Estatuto de la Abogacía, aprobado por el Real Decreto 658/2001, de 22 de junio señaló en su Exposición de Motivos que, a pesar de que en el anterior Estatuto se admitía la potestad de los Colegios Profesionales a la hora de fijar los honorarios mínimos que debía pagar el cliente al abogado, en este nuevo Estatuto se eliminaba dicha potestad, dejando sólo a los Colegios la posibilidad de fijar unos honorarios orientativos, todo ello para permitir una mayor competencia y mejora de los servicios ofertados.
El artículo 44 de este Estatuto reconoce el derecho de los abogados a una compensación económica por los servicios prestados, así como al reintegro de los gastos que se le pudieran ocasionar. De este artículo se deriva, por otra parte, que el abogado tendrá libertad a la hora de fijar sus tarifas, lo cual podrá hacer de común acuerdo con el cliente y siempre sin infringir las normas deontológicas y sobre competencia desleal. En caso de que no haya una tarifa puesta por el abogado unilateralmente o por acuerdo con el cliente se podrán tener en cuenta los baremos que establezca el colegio de abogados en cuyo ámbito actúe el abogado. Estas reglas de fijación de honorarios se aplicarán de acuerdo a las reglas, usos y costumbres de dicho colegio y se aplicarán siempre supletoriamente a lo convenido por las partes.
De todas maneras, siempre es aconsejable pedir un presupuesto antes de contrastar los servicios de un abogado, en el que deberán detallarse las actuaciones que cubre y cuáles son los costes de procuradores o notarios si se diera el caso.
Un tema relacionado con el de los honorarios es el de la Provisión de fondos. Puede ocurrir que un abogado solicite de su cliente cantidades de dinero en concepto de fondos a cuenta de gastos previsibles en relación al caso o de sus honorarios. Esto suele suceder normalmente y cuando alguien contrata con un abogado se suele entregar una provisión de fondos.
Otro aspecto relacionado con el cobro de honorarios es la cuestión de si un abogado puede o no acordar con un cliente que únicamente cobrará un porcentaje de lo que obtengan de la resolución del caso. Esta práctica se denomina pacto de cuota litis y estaba expresamente prohibida hasta 2008 por el Estatuto General de la Abogacía (art. 44.3) así como por su código deontológico aprobado por el Consejo General de la Abogacía Española (art. 16). Por tanto, cliente y abogado no pueden pactar con anterioridad a la conclusión del caso que el abogado únicamente percibirá un porcentaje de lo que se obtenga a la resolución del mismo.
Esta prohibición tenía su sentido en el principio deontológico tradicional de que "el abogado nunca debe ser socio del cliente en sus pleitos", sino que debe haber una separación entre los intereses del cliente y la labor llevada a cabo por el abogado.
No se consideraba, sin embargo, "cuota litis" y por tanto estaba permitido aquel acuerdo entre abogado y cliente por el que se prevén unos honorarios alternativos que tengan en cuenta el resultado del caso, siempre que se prevea una cantidad que cubra como mínimo los costes del servicio prestado por el abogado en el supuesto de que los resultados del caso sean adversos.
Sin embargo, tras la Sentencia del Tribunal Supremo del 4 de noviembre de 2008 el pacto de cuota litis es libre, quedando sin efecto tanto el art. 16 del Código deontológico como el art. 44.3 del Estatuto. El argumento básico de esta sentencia es la contradicción de estos preceptos con el principio de libre competencia.

Enlaces de interés:
Artículo sobre el final de la prohibición del pacto de cuota litis
Artículo doctrinal sobre los honorarios de los abogados de Héctor Taillefer De Haya (abogado)
La fijación de honorarios de los abogados (practicajuridicayempresarial.blogspot.com.es)
Aula virtual: Cómo contabilizar la provisión de fondos de un abogado
Para consultar sobre honorarios en el Ilustre Colegio de Abogados de Vizcaya
En primer lugar cabría preguntarse si las normas sobre honorarios profesionales aprobadas por los respectivos colegios profesionales obligan a aquellos que están colegiados y practican esa profesión o si en un momento determinado podrían apartarse de esas normas a la hora de cobrar a su cliente. Hay que decir a este respecto que la respuesta es negativa. Actualmente las normas de los distintos Colegios contienen un baremo orientador. Se trata sólo de criterios orientativos que podrán guiar al profesional en sus tarifas.
Esta potestad colegial a la hora de fijar unos honorarios mínimos fue suprimida por la Ley 7/1997 de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios Profesionales, que en su Exposición de Motivos confirma la eliminación de dicha potestad ya anunciada en el Real Decreto-Ley de 1996 que dió lugar a dicha ley.
Conforme a lo anterior, el Estatuto de la Abogacía, aprobado por el Real Decreto 658/2001, de 22 de junio señaló en su Exposición de Motivos que, a pesar de que en el anterior Estatuto se admitía la potestad de los Colegios Profesionales a la hora de fijar los honorarios mínimos que debía pagar el cliente al abogado, en este nuevo Estatuto se eliminaba dicha potestad, dejando sólo a los Colegios la posibilidad de fijar unos honorarios orientativos, todo ello para permitir una mayor competencia y mejora de los servicios ofertados.
El artículo 44 de este Estatuto reconoce el derecho de los abogados a una compensación económica por los servicios prestados, así como al reintegro de los gastos que se le pudieran ocasionar. De este artículo se deriva, por otra parte, que el abogado tendrá libertad a la hora de fijar sus tarifas, lo cual podrá hacer de común acuerdo con el cliente y siempre sin infringir las normas deontológicas y sobre competencia desleal. En caso de que no haya una tarifa puesta por el abogado unilateralmente o por acuerdo con el cliente se podrán tener en cuenta los baremos que establezca el colegio de abogados en cuyo ámbito actúe el abogado. Estas reglas de fijación de honorarios se aplicarán de acuerdo a las reglas, usos y costumbres de dicho colegio y se aplicarán siempre supletoriamente a lo convenido por las partes.
De todas maneras, siempre es aconsejable pedir un presupuesto antes de contrastar los servicios de un abogado, en el que deberán detallarse las actuaciones que cubre y cuáles son los costes de procuradores o notarios si se diera el caso.
Un tema relacionado con el de los honorarios es el de la Provisión de fondos. Puede ocurrir que un abogado solicite de su cliente cantidades de dinero en concepto de fondos a cuenta de gastos previsibles en relación al caso o de sus honorarios. Esto suele suceder normalmente y cuando alguien contrata con un abogado se suele entregar una provisión de fondos.
Otro aspecto relacionado con el cobro de honorarios es la cuestión de si un abogado puede o no acordar con un cliente que únicamente cobrará un porcentaje de lo que obtengan de la resolución del caso. Esta práctica se denomina pacto de cuota litis y estaba expresamente prohibida hasta 2008 por el Estatuto General de la Abogacía (art. 44.3) así como por su código deontológico aprobado por el Consejo General de la Abogacía Española (art. 16). Por tanto, cliente y abogado no pueden pactar con anterioridad a la conclusión del caso que el abogado únicamente percibirá un porcentaje de lo que se obtenga a la resolución del mismo.
Esta prohibición tenía su sentido en el principio deontológico tradicional de que "el abogado nunca debe ser socio del cliente en sus pleitos", sino que debe haber una separación entre los intereses del cliente y la labor llevada a cabo por el abogado.
No se consideraba, sin embargo, "cuota litis" y por tanto estaba permitido aquel acuerdo entre abogado y cliente por el que se prevén unos honorarios alternativos que tengan en cuenta el resultado del caso, siempre que se prevea una cantidad que cubra como mínimo los costes del servicio prestado por el abogado en el supuesto de que los resultados del caso sean adversos.
Sin embargo, tras la Sentencia del Tribunal Supremo del 4 de noviembre de 2008 el pacto de cuota litis es libre, quedando sin efecto tanto el art. 16 del Código deontológico como el art. 44.3 del Estatuto. El argumento básico de esta sentencia es la contradicción de estos preceptos con el principio de libre competencia.
Enlaces de interés:
Artículo sobre el final de la prohibición del pacto de cuota litis
Artículo doctrinal sobre los honorarios de los abogados de Héctor Taillefer De Haya (abogado)
La fijación de honorarios de los abogados (practicajuridicayempresarial.blogspot.com.es)
Aula virtual: Cómo contabilizar la provisión de fondos de un abogado
Para consultar sobre honorarios en el Ilustre Colegio de Abogados de Vizcaya
Buen blog en el que me explica que los honorarios de mi abogado de tráfico no son tan altos como pensaba y es entendible cada punto del contrato. Gracias por la ayuda.
ResponderEliminarEl software de call center de centralita virtual malaga le permite una gestión integral de su centro de trabajo en tiempo real, permitiendole analizar y diagnosticar su estado actual. Además, gracias a esta herramienta será capaz de actuar rápidamente ante posibles deficiencias en el momento adecuado.
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